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CUATRO HISTORIAS:
HERMES TOVAR, JORGE ORLANDO MELO, HORACIO DUQUE GIRALDO Y ÁLVARO VALENCIA TOVAR
Nota: Si se fuera a resumir en una palabra el impacto que produjo en cuatro historiadores colombianos la sentencia proferida el 19 de noviembre por la Corte Internacional de Justicia en el caso de Nicaragua vs. Colombia, la síntesis podría ser la siguiente:
Hermes Tovar Pinzón: Le dolió
Jorge Orlando Melo: No nos fue tan mal
Horacio Duque Giraldo: Lo disfrutó
Alvaro Valencia Tovar: Injusto e inaceptable
Aprovechamos para incluir un breve diálogo sostenido desde Albicentenario.com con el profesor Melo.
I
EL PAÍS SIN SU MITAD
Hermes Tovar Pinzón *
24 nov. 2012
Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-388951-el-pais-sin-su-mitad
Repaso histórico: cuando el territorio nacional era el doble de grande
En los últimos dos siglos, Colombia ha perdido cerca de un millón de kilómetros cuadrados de extensión con diferentes vecinos. Desde la cesión de Amazonia a Perú y la pérdida de Panamá, hasta el diferendo limítrofe con Nicaragua.
Desde 1810, Colombia ha cedido el 54% de su territorio a peruanos, brasileños, ecuatorianos, venezolanos y nicaragüenses. Nuestros dirigentes políticos no han tenido sentido de la soberanía nacional. En Panamá regalaron primero un corredor a los Estados Unidos, segregando prácticamente el istmo y, en noviembre 3 de 1903, no tuvieron valor para ir a combatir a los usurpadores de una de las provincias de Colombia.
Ante las reiteradas ocupaciones y reclamaciones del territorio colombiano por parte de otros países, los cancilleres han elevado protestas, los presidentes han optado por ceder territorios y el Congreso de la República ha terminado aprobando sin ningún pudor la mutilación de Colombia. La Mosquitia, es decir toda la franja nicaragüense que bordea el mar Caribe, así como los archipiélagos e islas, incluidos por supuesto San Andrés y Providencia y los demás cayos e islotes, fueron territorios colombianos desde el 3 de noviembre de 1803, cuando el rey de España, por Real Orden resolvió “que la Isla de San Andrés y la parte de la costa de Mosquitos desde el cabo de Gracias a Dios inclusive” fueran segregadas de Guatemala y dependieran en adelante del “virreinato de Santa Fe”. Todos estos territorios e islas fueron parte del territorio colombiano hasta que fueron cedidos a Nicaragua por Colombia en 1928, mediante el tratado Esguerra-Bárcenas.
En 1890, cuando los nicaragüenses invadieron las islas Mangle Mayor y Menor, y en 1894 la costa de Mosquitos, Colombia nada hizo para expulsarlos y las cancillerías apenas se limitaron a protestar durante 23 años. No hubo un solo combatiente de nuestro honroso Ejército ni de nuestra valerosa Armada Nacional que intentara batirse por la patria en defensa de la soberanía nacional. Así, llegó 1928, cuando Colombia decidió ceder a Nicaragua la Mosquitia y las islas Mangle a cambio de la soberanía y el dominio sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Es decir, cedió miles de kilómetros cuadrados a cambio de nada, pues Colombia poseía dicho dominio heredado de España y reconocido por las repúblicas hispanoamericanas que se acogieron al Uti Possidetis Iure de 1810.
La cesión de la Amazonia a Brasil, Perú y Ecuador, así como del río Negro-Casiquiare y parte de La Guajira a Venezuela, la secesión de Panamá y la cesión de la Mosquitia y las islas Mangle a Nicaragua (ver mapa) hacen preguntarse sobre la idea de espacio y de los imaginarios de ciudadanía que tenían y tienen los líderes de la República de Colombia. Es evidente que nuestros presidentes desdeñaron después de 1830 la importancia de aquellos territorios habitados por grupos subalternos como los indios y los negros, que eran vistos con desprecio. Esto hizo que Perú se quedara con 503.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica. Una pregunta que ronda esta frustración colombiana tiene que ver con el concepto de defensa nacional, pues el Ejército nunca fue movilizado a ninguna de las fronteras que los gobiernos y sus cancillerías han cedido impunemente.
Cuando Nicaragua invadió la Mosquitia en 1894, los partidos políticos y el Estado se preparaban para la guerra civil de 1895. Cuando se perdió Panamá en 1903, las fuerzas militares del Gobierno habían estado empeñadas en derrotar a los ejércitos insurrectos y a las guerrillas liberales. En 1952, cuando se cedieron Los Monjes a Venezuela, el Estado estaba empeñado en una guerra contra los campesinos y opositores, y hoy, en 2012, ante un fallo que no tiene en cuenta la historia de esta frontera nicaragüense, quienes debían estar allí, protegiendo derechos históricos, siguen empeñados en una guerra civil más, como si fuera más importante la sangría entre colombianos que hacer valer la dignidad de la Nación. He aquí una razón más para pensar en la paz que nos aleje de nuestros odios. La paz nos permitirá valorar la magnitud de nuestra tragedia territorial que parece no tener sentido para muchos colombianos que hoy como ayer predican prudencia y resignación.
Entre el 20 de noviembre de 1803 y el 19 de noviembre de 2012 Nicaragua recorrió todos los caminos posibles en busca de una vía nacional y de un derecho sobre lo que no le pertenecía de hecho. En cambio, el leguleyismo colombiano no sólo predica el respeto a lo absurdo sino que aplica aquello que sostuvo el general Tomás Cipriano de Mosquera en 1865, a raíz de las disputas de límites con Costa Rica: que “el gobierno colombiano da menor importancia a la posesión de algunas leguas de terreno que a la sanción de principios”. Luego, ante la realidad hablan de dolor de patria.
Aunque se oculten las razones por las cuales hemos regalado el 54% del territorio nacional y ahora miles de kilómetros cuadrados en el Caribe, hay que decir que los nicaragüenses no tienen la culpa de querer ocupar el territorio colombiano, como tampoco la han tenido los venezolanos, ni los peruanos, ni los brasileños que se apropiaron de más de medio millón de selvas amazónicas y de otros territorios que pertenecían a Colombia. No. Los únicos culpables somos nosotros por no exigirles a nuestros gobernantes que respondan por su cobardía y falta de sentido sobre el valor de la unidad territorial para una nación.
El fiasco de la Cancillería colombiana, que entregará una vez más otro pedazo del territorio colombiano a uno de nuestros vecinos, debería haber conducido a la renuncia inmediata de todos los asesores ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Una afrenta tan grave para la sociedad colombiana exige la dimisión de la señora ministra de Relaciones Exteriores y hasta el presidente de la República debería pensar en abandonar su despacho. Mientras escuchaba indignado este nuevo fracaso diplomático de Colombia pasé por la Universidad Nacional, que vivía una paz absoluta, y me pregunté por qué estos jóvenes que heredaron el sentido de la dignidad nacional no tenían los puños en alto. Ellos que siempre son sensibles a todo cuanto ocurre en el mundo, estaban silenciosos ante el desmembramiento de un pedazo más de su patria. Tal vez los medios amortiguaban toda protesta o desconocían la historia de su territorio. Por ello no era necesario apiñarse ante la Cancillería y ante el país para gritar: “¡Ahí están, esos son, los que ceden la Nación!”.
* Profesor de la Universidad de los Andes.
II
NACIONALISMO DEPRESIVO
21 nov. 2012
Los resultados en La Haya son mejores de lo previsible. Y ahora ese nacionalismo de banderitas está excitado y pide que no obedezcamos la decisión de la Corte, como si fuéramos un país de matones, donde la ley se cumple solo cuando le sirve a uno.
A Colombia no le fue mal en La Haya. Nicaragua quería a San Andrés y Providencia, y la Corte Internacional de Justicia los declaró colombianos. Pedía que se reconociera la soberanía de los cayos e islotes que se encuentran sobre la plataforma continental de Nicaragua, y la corte los declaró colombianos. Y pedía una nueva delimitación de las fronteras marítimas y de las zonas de exclusividad económicas. En este tema, la corte prefirió buscar algo de equidad y le asignó a Colombia, que tiene el 11 por ciento de las costas pertinentes, el 23 por ciento de las áreas de uso económico. Serrana, una isla pequeña con un pasado de novela, y Quitasueño, un islote casi todo bajo el agua en la marea alta, quedaron como enclaves en medio de la zona de exclusividad económica nicaragüense, pero con un mar territorial, no de 70 kilómetros cuadrados, como quería Nicaragua, sino de más de 1.000 cada uno, suficientes para ocupar a mucho pescador artesanal.
Los resultados son mejores de lo previsible. Hace unos meses, los políticos casi se comen viva a la Ministra de Relaciones porque, conociendo la fuerza de los argumentos de los dos países, trató de preparar a la opinión colombiana para lo inevitable: que la corte no diera el 100 por ciento de razón a Colombia y, contra las tendencias del derecho actual del mar, dejara que unas islitas metidas en el escudo territorial de Nicaragua pesaran tanto, para definir la zona de uso económico, como 400 kilómetros de costa continua. Pero esto se logró porque los alegatos colombianos, presentados en el 2008 y el 2010, son bastante sólidos: sorprende que el expresidente Uribe no esté reivindicando un resultado que debe ser motivo de satisfacción.
Colombia tenía argumentos sólidos sobre San Andrés y Providencia, dos islas que los gobernadores de Cartagena, de 1641 en adelante, arrebataron varias veces a los colonos ingleses, y que fueron de la Nueva Granada desde 1803. Le fue bien con los cayos, pues, aunque la presencia real de Colombia fue ínfima, por lo menos hizo leyes y resoluciones para controlar la extracción de guano o la pesca, aunque no pudiera hacerlas cumplir. Si Colombia no tenía mucho que mostrar, menos tenía Nicaragua.
Y le fue bien, aunque no tanto como quería, en la fijación de zonas de exclusividad económica, pues alegaba un tratado de 1928 que la corte prefirió ignorar. Que la mención del meridiano 82 pudiera justificar una asignación de zonas económicas, un concepto inexistente entonces, era una ilusión sin bases. El efecto económico de esto, si uno lee los estudios previos sobre pesca en la región, no puede ser grande: toda la zona del archipiélago produce menos de 200 toneladas de langosta al año y los pescadores artesanales son menos de 200, que se pueden ayudar con actos administrativos sencillos y sin medidas heroicas.
Pero el nacionalismo colombiano es muy depresivo: nos sentimos colombianos cuando nos tratan mal, nos discriminan, nos creen narcotraficantes o delincuentes. Y es masoquista: se alimenta con las derrotas de la selección Colombia o con el mito de que Colombia perdió grandes territorios con los países vecinos, aunque nos quedamos con casi toda la Guajira, que muchos mapas del siglo XIX pintaban como venezolana, y con la tierra entre el Putumayo y el Caquetá, que otros mapas dibujaban en Perú. Y es un nacionalismo al que nunca le preocuparon los pescadores artesanales, aunque hoy los alebreste, pues su modelo de desarrollo es el cemento y el comercio, y que ignora la historia real de las islas, la que han contado Newton, Parsons o Kupperman, pues desprecia la cultura local y quiere progreso, pero como lo definimos en el interior.
Y ahora ese nacionalismo de banderitas está excitado y pide que no obedezcamos la decisión de la corte, como si fuéramos un país de matones, donde la ley se cumple solo cuando le sirve a uno.
III
COLOMBIA: HAY QUE ACATAR EL FALLO DE LA CORTE DE LA HAYA SOBRE SAN ANDRÉS
22 nov. 2012
La oligarquía colombiana esta levantando un falso nacionalismo para desconocer el fallo de la Corte de La Haya sobre San Andrès y los derechos de Nicaragua socialista. Colombia no quiere mas guerras.
En sectores muy importantes de la retardataria élite dominante está haciendo carrera la idea de no reconocer el reciente fallo inapelable de la Corte Internacional de Justicia sobre el viejo litigio de Colombia con la República Sandinista de Nicaragua sobre el Archipiélago de San Andrés y la frontera marítima. Promueven un inútil nacionalismo.
El Estado colombiano es un miembro muy importante de la sociedad de naciones, que ha suscrito todos los pactos internacionales que regulan la compleja organización política global. Los dirigentes del gobierno se ufanan de sus altos niveles de aceptación en el mundo y existe la idea del actual Presidente J.M Santos de presentarse proximamente como candidato a la Secretaria General de las Naciones Unidas. Con anterioridad, varios expresidentes han sido los Secretarios de la OEA, principal organismo del Sistema Interamericano. Colombia hace parte del Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo de mayor peso en dicha entidad.
No es poca cosa.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia ha sido objetivo. El Tratado Barcenas-Esguerra es espurio, lo impuso la ocupación imperialista norteamericana al gobierno títere de Nicaragua, en 1928, para favorecer los intereses geopolitico de la potencia del Norte en el mar Caribe, en plena expansión desde 1850. El único que lo enfrentó fue el General de hombres libres, Cesar Agusto Sandino, en alianza con los liberales centroamericanos que repudiaban la injerencia gringa.
El Pacto de 1928, obligó con balloneta, cañoneras y bala yanky, la firma de los Nicaragüenses, renunciando a sus derechos oceánicos. Ignominia que mantuvo el dictador Somoza, una marioneta norteamericana derrotada por los Sandinistas en 1979.
Con el triunfo de la revolución Sandinista el pueblo centroamericano levantó la bandera de sus derechos internacionales y marítimos y acudió a los organismos internacionales, que ahora le dan la razón.
La Cancillería colombiana, latifundio de una vieja oligarquía, propiedad de reconocidas familias de hacendados vallunos y sabaneros, entre los que se reconocen apellidos como Holguin, Mallarino, Lloreda, Sardi, Sanclemente, Iragorri, Caro, etc, han dado prioridad en su gestión a sus conveniencias privadas y no a los de la nación entera. Ellos poco saben de eso. Amasar fortuna es su oficio.
Cuando los gringos cercenaron a Panamá, en 1903, era Presidente José Manuel Marroquin, y los funcionarios diplomáticos eran los herederos de Carlos Holguin, presidente en 1892 y diplomático por años en Europa. Poco les importó el raponazo imperial. Miraron para otro lado. Mejor, estaban ocupados masacrando los liberales rebeldes derrotados en la guerra de los mil días, que eran exterminados mediante decretos presidenciales asesinados por el Coronel Fernandez, el Oscar Naranjo de la época. Otros liberales, desteñidos, generales de escritorio, como el abuelo del escritor Antonio Caballero -el de Sin Remedio-, Lucas Caballero prefirieron ser cómplices de la regeneración y acomodarse en el gobierno, con migajas diplomáticas. Igual sucedió con Rafael Uribe Uribe. Mas digno el general Benjamin Herrera que se fue para Pamplona a organizar actividades agricolas para respetar los acuerdos firmados en el Wisconsim.
Los argumentos de estas desuetas familias en el litigio internacional con Nicaragua sobre San Andrés y el archipiélago, siempre han estado referidos a unos derechos coloniales otorgados por la monarquía feudal española mediante Cédula Real de 1803. Similares a las tesis con que defienden internamente la tramposa propiedad de sus inmensos latifundios en el Valle del Cáuca en Uraba, en el Caribe, en el Magdalena y en la Sabana, para oponerse a una reforma agraria democrática, después de infame despojo de los bienes comunales de los indigenas mediante la violencia y el exterminio en masa de las culturas amerindias durante los siglo XVI, XVII y XVIII.
Siempre alegan estos encopetados oligarcas que sus propiedades tienen 500, 400 y 300 años de tradición, desde que la Reina o el Rey de España, con Cédulas Reales, concedieron unos títulos fraudulentos porque su premisa consistió en el despojo de las comunidades autóctonas y la alienación religiosa católica.
Por estos días, Rodrigo Jaramillo, el dueño de Interbolsa, le aclaró al periódico El Tiempo, a propósito de las propiedades de su esposa Maria Botero, que las mismas tenían una tradición de 150 años, queriendo decir que no es fruto del despojo paramilitar. Y eso que es uno de los nuevos. Los títulos de los viejos oligarcas, incluida cierta comunidad religiosa, tienen siglos y han sido defendidos a punta de plomo y guerras biopolíticas, como diría Toni Negri.
Desconocer el fallo de La Haya es gravisimo, señor Santos. Los sandinistas, que saben de dignidad, por ser revolucionarios, van a defender sus legítimos derechos en el Archipiélago Ya pueden ejercer soberanía sobre su frontera oceánica y realizar acuerdos con otras naciones, por ej. los países del Alba, para explotar la riqueza submarina como las yacimientos de petróleo. Nada lo impide.
Hay que hacer oídos sordos a las proclamas chauvinistas e irresponsables del señor Uribe Velez y los delirantes de la ultraderecha. AUV es un fascista, camisa parda y está loco, como Hitler en su momento, que se dio en su desespero, un merecido tiro en la cien. AUV es un Fujimori enfermizo que quiere enredar más la vida de esta atormentada nación. No le ponga cuidado, Santos, y mas bien acelere las investigaciones judiciales para castigarlo como lo merece, después de todas las atrocidades que cometió durante su dictadura de ocho años.
Los culpables de la complicación actual son, por supuesto, los incompetentes funcionarios de la Cancillería, entre quienes se cuenta Julio Londoño Paredes, el perpetuo burócrata conservador de San Carlos, servil de todos los regímenes, quien posa de eminencia gris en materia de fronteras pero de una mediocridad descomunal. Que renuncie y no siga haciendo más daños con otros temas que tiene en su escritorio.
Más sensata la postura de Angelino Garzon, el Vice Presidente. Parece que lo arreglo la grave enfermedad que ha padecido, paradojal que es la vida, pues le frenó la tremenda ansiedad oportunista que lo había enloquecido en años recientes, hasta infartarlo y alterale su cerebro, después de su renuncia a los principios populares que le dieron reconocimiento en el movimiento obrero y revolucionario.
Angelino, astuto que es él, ha recomendado las buenas maneras y el entendimiento cordial con los sandinistas que lidera el Presidente Daniel Ortega, bien librado en este litigio gracias a la ética de su conducta y a los expertos abogados que lo asesoran en el litigio diplomático. Garzón nos ha recordado que los sanandresanos necesitan inversión social, que sus hospitales estan abandonados, como los de todo el país, y que su aeropuerto es un muladar.
Que se deje de bobadas el Ministro de Defensa, ladrando contra los revolucionarios nicaraguenses a quienes tilda de narcotraficantes Que no olvide que ellos si saben de guerra. No son combatientes de escritorio. Que se lo pregunte a los gringos y verá. Pinzón es un bárbaro infantil, de atar. Santos debe destituirlo. No más guerra señores, ni con Nicaragua ni en Colombia. Menos en navidad.
Ha comportarse como ciudadanos de un mundo globalizado y no como matones de esquina.
Otro artículo del mismo autor: “Debate sobre el Fallo de la Haya Colombo-Nica”, en:
http://anncol.eu/index.php/opinion/horacio-duque-giraldo/255-horacio-duque-giraldo-archivo/793-debate-sobre-el-fallo-de-la-haya-colombo-nica-el-fallo-de-la-corte-internacional-de-justicia-sobre-nicaragua-san-andres-archipielago
IV
FALLO INCOHERENTE CON LA REALIDAD HISTÓRICA
29 de Noviembre del 2012
Tomado de:
Aquí, como a Colombia le reconoció el territorio, a Nicaragua le entregó un mar que es nuestro por decisión compartida de Colombia y Nicaragua.
Nunca fui partidario de la adhesión colombiana a la Corte Internacional de Justicia. No me parece que la suerte de diferendos entre Estados y naciones deba dirimirse ante magistrados ajenos a las realidades de pueblos y circunstancias, que ni siquiera se toman el trabajo de visitar las áreas de conflictos bilaterales para conocer la idiosincrasia de los pobladores y compenetrarse con la realidad histórica y jurídica de los diferendos.
En nuestro caso frente a Nicaragua, esa realidad histórica cubre más de 200 años. Se origina en el carácter pragmático y realista del rey Carlos IV de España. Ante la circunstancia geopolítica del archipiélago de San Andrés y Providencia, con fuertes vinculaciones mercantiles y económicas con Cartagena de Indias que afectaban en la misma medida a la costa Mosquitia de Nicaragua, aislada de la capital de la Capitanía General de Guatemala.
En 1803, por medio de una orden real, el monarca adscribió al Virreinato de la Nueva Granada el litoral de la Nicaragua actual y el archipiélago, que entraron a depender de la gobernación de Cartagena. El Utti possidetis iure de 1810, propuesto por el Libertador Simón Bolívar y aceptado por las antiguas colonias españolas como doctrina, estableció que estas, al emanciparse, ajustarían sus delimitaciones a las que regían ese año. Fue así como el litoral mosquitio y el archipiélago entraron a formar parte de la República de Colombia.
En 1928, el Tratado Esguerra-Bárcenas, ratificado por los respectivos congresos y aprobado por los presidentes de ambos Estados, entró a regir al producirse el requisito de canje de los instrumentos jurídicos. Colombia fue generosa al entregar la costa de los Mosquitos y los cayos Mangle Grande y Mangle Chico, parte del archipiélago pero muy próximos a la costa nicaragüense. Ciento veinticinco años de dominio marítimo y territorial habían sido ejercidos ininterrumpidamente, lo cual fue reconocido implícitamente por el Tratado.
La pretensión de Nicaragua de quitar toda validez al Tratado Esguerra-Bárcenas no tiene apoyo jurídico alguno. Se adujo que el país estaba invadido por tropas estadounidenses. La verdad histórica es que el presidente de la nación pidió al gobierno estadounidense un contingente armado que asegurara su mandato, amenazado por convulsiones internas de carácter crónico que a la postre desembocaron en la dictadura del general Anastasio Somoza de Bayle. La Compañía de Marines gringa en nada afectó la gestación y firma del Tratado con Colombia.
No existiendo aún el Derecho del Mar, los dos Estados convinieron fijar el meridiano 82 como límite siguiendo el espíritu y la letra del Tratado Esguerra-Bárcenas. Aunque sin las formalidades de dicho instrumento, tiene el carácter de tal por derivarse de aquel y respetar las 12 millas de mar territorial vigentes en todo el mundo. No fue un simple referente, como acaba de ser calificado por la Corte Internacional con el fin de fijar caprichosamente una nueva delimitación, no sólo adversa para Colombia sino para Panamá, Costa Rica y Honduras, países que firmaron tratados de límites con Colombia y pueden resultar afectados por la donación que la Corte graciosamente hizo a Nicaragua con criterio salomónico, olvidando que la sabiduría de un fallo no reside en compensar sino en administrar justicia. Aquí, como a Colombia le reconoció el territorio, a Nicaragua le entregó un mar que es nuestro por decisión compartida de Colombia y Nicaragua, con ocasión del canje de notas que selló el tratado limítrofe de 1928.
Muy estimulante en estas circunstancias la noticia de que el presidente Santos ha convocado un equipo de expertos en Derecho Internacional para argumentar el rechazo de un fallo notoriamente injusto y por ello inaceptable.
DIÁLOGO CON EL PROFESOR JORGE ORLANDO MELO
Varias personas manifestaron al suscrito el desacuerdo con la propuesta de Albicentenario de no acatar el fallo de la Corte de La Haya y declarar el estado de conmoción interior para conjurar su efectos.
Le escribimos al profesor Melo, y se dio el siguiente diálogo:
LUIS JAVIER CAICEDO (22 nov). Apreciado profesor: Mi amigo Luis Herrera, por varios años representante de Amnistía Internacional en Colombia, me escribe: Muchas gracias Luis Javier por el envio de esta informacion. Definitivamente no puedo compartir tu punto de vista, pero no puedo ahora a ponerme a escribir sobre el tema... mas bien te comparto este articulo de Jorge Orlando Melo, con el cual si concuerdo. Con todo respeto quisiera compartirle mi punto de vista.
JORGE ORLANDO MELO (26 nov): Gracias. Mis desacuerdos con su texto son sobre todo:
Los argumentos nicaragüenses, estoy de acuerdo, son malos. El tratado es válido, y eso lo afirmó la Corte, pero en el tratado de 1928 no se fijan límites marítimos: ese concepto no existía en esa época. La mención del meridiano 82 es en una nota puesta por el gobierno nicaragüense en el protocolo de 1930 y no dice que sea frontera marítima. Por eso perdió Colombia en La Haya, y ni un solo juez de 14 estuvo de acuerdo en ese punto: no hubo fijación de frontera.
La Corte nos dio [la razón] en todo lo demás, en todos los asuntos de soberanía, pero no en el punto de la zona económica. Esos derechos eran dudosos no porque los hubiéramos tomado a la fuerza, sino porque durante 150 años sanandresanos y nicaragüenses, sin conflicto, compartieron la pesca y pescaron allí sin que Colombia protestara, y porque no ha habido una delimitación legal del área.
El procedimiento de revisión existe en el estatuto, pero dice:
“Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia”
Cual es el hecho que se descubrió y que es decisivo? Cuál alegaría Usted, que no se conocía al dictarse el fallo?
Si no existe ese hecho, no podemos pedir revisión. En ese caso, si no podemos pedir revisión, qué debemos hacer?
La sentencia de la Corte no le quita "mar territorial" a Colombia, le quita zona económica exclusiva: estos son asuntos diferentes.
L.J.C. (27 nov.): Apreciado profesor: Le agradezco mucho por contestarme. Es un honor para mí. Con todo respeto, el hecho nuevo (no sé si lo es ante la Corte) es que la Constitución de 1991, declaró la nación (toda) como multiétnica y pluricultural. Esto no existía antes. La falta de esta noción permitió los horrores que padecieron los Uitoto en los primeros años de vigencia de la Carta de 1886 con la Casa Arana. Fue algo que les pasó a los Uitoto. No algo que le haya pasado a todos los colombianos. Hoy todos somos raizales (y Uitoto y Embera y Rrom) y no puede ser que la pérdida del territorio ancestral de los raizales nos deje en la indiferencia actual. Todos somos responsables de velar por los derechos de esa comunidad. ¿Cómo van a poder decidir ellos sobre su modelo de desarrollo y el uso de los recursos de su territorio ancestral /tierra-mar/ si este queda en jurisdicción de dos Estados?
Lo que ha sucedido es más que una crisis social, económica y ambiental. Es la perturbación de la simbiosis tierra-pueblo, de lo que somos ahora como colombianos. Debiera por lo menos el presidente estar todos los días en televisión informando a los colombianos (por ejemplo, lo que ud. dice que se perdió zona económica pero no soberanía), y hace 8 días no habla. En su lugar, sus ministros manejan otro lenguaje. En lugar de constituir un gabinete de crisis que atienda todos los aspectos involucrados, Santos apela al mecanismo de resolución de los grandes asuntos privados, y uno ve atónito los lawyers de cuello de pajarita llegar al Palacio de San Carlos a posesionarse del caso como si entraran al Jockey. Y mientras el jefe del Estado, de nuestro Estado, no ha citado a una reunión de emergencia de todos los poderes públicos nacionales, hoy veo en la prensa que se reunirá con el personal de seguridad de los Estados Unidos, país que a la larga es el culpable del pleito.
Uno no sabe qué sigue, qué hacer, pero la peor decisión es dejar que pase el tiempo.
De nuevo muchas gracias, y mis respetos.
J. O. M. (27 nov): Ese hecho nuevo, muy importante, no tiene relevancia en relación con la delimitación marina. Ahora, eso sí es clave para que adoptemos buenas políticas nosotros.