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Nota: Los siguientes 5 artículos fueron publicados como comunicados de Albicentenario.com en la página www.actualidadetnica.com, gracias a la generosa acogida de su director Luis Carlos Osorio. Aquí van en orden descendente de fechas. La diferencia fundamental es que en el texto I se acoge al 100% a la tesis de no acatar el fallo, pero los amigos y las declaraciones de los decanos hicieron ver el error de esta posición; por lo que el texto V se pliega al acatamiento al fallo, pero manteniendo su impugnación internacional, mientras en lo interno se construye el escenario que impida nuevos despojos.

V – 3 DIC 2012. UNA NUEVA BANDERA DE COLOMBIA PARA CONSTRUIR EL “NUNCA MÁS” DESPUÉS DEL FALLO DE LA CORTE DE LA HAYA

IV – 28 NOV 2012. Y FIN… SANTOS ENTREGÓ EL MAR DE SAN ANDRÉS Y SE FUE PARA EL CONCIERTO DE MADONNA

III – 26 NOV 2012. NO ACATAR EL FALLO DE LA HAYA PORQUE LA TIERRA ESTÁ HERIDA. MINISTRO DEL INTERIOR CONTRADICE AL PRESIDENTE SANTOS

II – 24 NOV 2012. EXPLICACIÓN PERSONAL A LA PROPUESTA DE NO ACATAR EL FALLO DE LA HAYA Y DECRETAR LA CONMOCIÓN INTERIOR. ÁLVARO URIBE DEBERÍA MARGINARSE DEL TEMA Y HUNDIRSE EN EL MAR DE SUS RESPONSABILIDADES

I – 22 NOV 2012. ¿OTRA VEZ VAMOS A PERDER TERRITORIO POR UNA GUERRA INTERNA? NO ACATAR EL FALLO Y DECRETAR LA CONMOCIÓN INTERIOR PARA HACER FRENTE A LA DECISIÓN DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA

UNA NUEVA BANDERA DE COLOMBIA
PARA CONSTRUIR EL “NUNCA MÁS”
DESPUÉS DEL FALLO DE LA CORTE DE LA HAYA

Hoy lunes 3 de diciembre se cumplen dos semanas del fallo de la Corte de La Haya sobre San Andrés.

Cuando a un país, como sucedió en 2010, se le niega la oportunidad de conmemorar de manera digna su Independencia, y no pasa nada.

Cuando, como ocurre hoy, así sea por una decisión de la justicia internacional, un país es despojado de 90.000 kilómetros de espacio marítimo y su Archipiélago en altamar es partido en dos y cercado en tres de sus costados por las nuevas fronteras de otro país, y no se mueve ni una hierba en la parte continental.

Pero sea lo que esté pasando, no pasa tanto en las relaciones exteriores como al interior de nosotros mismos. Algo pasa con la identidad y el sentido de pertenencia, con el ser colombiano.

Es la arrogación por la élite social de las escrituras del país, de sus límites y de sus recursos naturales en la diplomacia y en el comercio internacionales.

Es también la guerra. El conflicto armado se ha apoderado del país para perderlo, como en la Guerra de los Mil Días se perdió el Istmo de Panamá.

¿Será que los actores armados, de una y otra orilla, nos prestan por un rato el país para que podamos defenderlo?

Hay muchas cosas por hacer en esta defensa, aparte de no hacerle caso a los llamados a no autoflagelarse más, que no son otra cosa que sumar a una impunidad generalizada otra impunidad.

El presidente de la República ha acatado el fallo de la Corte de La Haya; pero le ha opuesto la no aplicación temporal a la obligatoriedad de la sentencia, mientras se garantizan los derechos de los colombianos lesionados de más cerca con el fallo, y ha trazado una línea de nunca más hacia el futuro.

Ya se instaló el curubito de abogados que se encargará de proseguir en todas las instancias el reclamo contra un fallo que aunque no se puede desacatar, no por ello deja de ser manifiestamente contrario a derecho e injusto con el Estado colombiano. Pero eso es solo una parte de la solución.

El Gobierno dio un primer paso: retirarse del Pacto de Bogotá de 1948, y con ello de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, para precaver que hacia el futuro nos quiten más territorio. Y también para sancionar, desde nuestra insignificancia como país, al sistema de Naciones Unidas.

Pero igual hay que exigirle a la Organización de Naciones Unidas que responda por el enorme daño que la sentencia causó a la parcialidad de colombianos que constituye el grupo étnico raizal y tiene en el Mar de San Andrés su hábitat, el cual es objeto de protección por parte del Convenio 169 de la OIT. Ahora el territorio /tierra-mar/ ancestral del pueblo raizal de San Andrés quedó dividido entre dos países, y eso no es algo meramente bilateral ni un asunto que verse solo sobre tránsito y pesca. Ahí tiene que estar la ONU e incluirse en la agenda la garantía del derecho a la pervivencia y la autonomía de los raizales sobre el área enajenada.

Adicional a los pasos mencionados, construir el Nunca Más requiere medidas de choque sobre la identidad del país.

Es preciso exorcizar y traer al conciente colectivo el desasosiego que produce la ausencia de aquello que no sabemos que tenemos hasta el momento que lo perdemos. Esto se consigue dándole al ausente o al abandonado el valor que se merecen, ubicándolos en la parte más alta y más visible de la casa común, que en este caso es el pabellón nacional.

De nada vale tener una franja azul en el estandarte del país si los mares que simboliza ni los conocemos ni los aprovechamos ni los defendemos.

Por eso, después del zarpazo con mano enguantada que nos han dado sobre el Mar Caribe, debemos salir al mundo poniendo por delante los hitos marítimos que demarcan nuestras fronteras, y el lugar más adecuado es la bandera nacional, la huella digital que identifica a Colombia entre todas las naciones:

La propuesta consiste en que, conservando el tricolor ideado en 1808 por el precursor de la independencia de América y arquitecto del concepto de Colombia, Francisco de Miranda, variemos las franjas horizontales actuales para abrirle lugar a la representación simbólica (con estrellas) de las islas y cayos nacionales ubicados en altamar, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, pintando a la izquierda del campo azul de la nueva bandera la Isla de Malpelo y a la derecha del mismo campo el Archipiélago de San Andrés y Providencia, siguiendo más o menos la localización geográfica de las formaciones marítimas, así: la Isla de San Andrés, de mayor tamaño, rodeada, encima, en orden descendente, por los cayos de Quitasueño y Serrana, las islas de Providencia y Santa Catalina y el cayo de Roncador, y abajo, por los cayos de Alburquerque y Este-Sureste (el Courtown del presente mapa parece ser el mismo cayo Este-Sureste mencionado en la sentencia de La Haya –ver mapa anexo al final-).

Esta es una bandera que no va a generar ninguna resistencia a nivel internacional, porque las islas y cayos que se incluyen figuradamente en ella son colombianos, tanto antes como después de la sentencia de La Haya.

Por el contrario, el cambio de bandera es una manera contundente de expresarle al mundo la dimensión de nuestro inconformismo frente al despojo de que hemos sido objeto por parte de la Corte Internacional de Justicia. Mucho más efectiva que la que produciría en las agencias de prensa, en los ministerios de guerra y entre los ávidos comerciantes de armas cualquier tropezón de un buque de la Armada Nacional con una piragua nicaragüense en el Meridiano 82.

Al producirse el cambio, la bandera actual deberá ser retirada y en su lugar colocarse el nuevo pendón colombiano en las sedes de la ONU en Nueva York y en Ginebra, en las ventanas de nuestras embajadas, en las enciclopedias, en los portales de internet, en los Juegos Olímpicos, en el Mundial de Fútbol, en las ferias internacionales, en el monte Everest, en UNASUR y la OEA, en los actos protocolarios de otros Estados, etc.

Además, habría que descolgar de todas las escuelas el mapa de Colombia que actualmente usamos, porque en él no aparece el espacio marítimo del país. Es un mapa terrestre, dominado por tres cordilleras y dos ríos en el centro, donde el Archipiélago de San Andrés y Providencia se reduce a dos islas pintadas en un recuadro ubicado en un extremo. Un mapa dibujado a la medida (o a la miopía) de un país cachaco que siempre le ha dado la espalda a sus costas y a sus océanos.

Ciertamente, nadie defiende lo que no conoce. El uso inveterado de un mapa al que le recortamos el mar explica en parte la poca reacción pública por el despojo del Mar de San Andrés. La mayoría de colombianos no dimensiona el mar que perdimos, porque nunca nos enseñaron a identificarlo en el mapa.

Ese mapa antiguo, recortado, que no permite defender el país pintado ahí, habría que echarlo a la basura. En su lugar, nuestros niños debieran acostumbrarse a tener en sus aulas y copiar en sus cuadernos el mapa de Colombia que incluye toda nuestra territorialidad, tanto la parte continental como el espacio marítimo. En los últimos años ha tenido alguna difusión este mapa completo elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero aún no hace parte del imaginario colectivo. Muchos, tal vez, lo verán por primera vez con motivo de la crisis actual, es decir, cuando ya hemos perdido una buena parte de él.

Mapas político y físico de Colombia que incluyen el espacio marítimo del país

Si no tenemos presente esta imagen, no podremos entender la dimensión del recorte que produjo la sentencia de la Corte de La Haya de nuestro espacio marítimo, como se puede apreciar en el siguiente mapa:

Esto en cuanto a lo geográfico, porque si leemos en clave geopolítica, la fotografía de la nueva situación es muy similar a esta otra imagen:

La esquina noroccidental del territorio colombiano después del fallo de La Haya

El 30 de noviembre es el Día de San Andrés, una festividad que se celebra en varias islas del Caribe, incluyendo las que llevan su nombre. Pero este año los isleños no celebraron, porque el momento exigía rechazar la sentencia de la Corte de La Haya del 19 de noviembre anterior y reclamar respeto a sus derechos como pueblo sobre su espacio marítimo ancestral. Entonces suspendieron las fiestas patronales y en su lugar se echaron al mar en sus lanchas y canoas en una movilización inmensa; comparable a aquella de 1996 en el Departamento de Córdoba, cuando los indígenas Embera Katío recorrieron masivamente el río Sinú durante una semana en sus precarias balsas de madera para protestar por la construcción de la represa de Urrá.

Pero en el continente no se movió ni una hierba. Los noticieros abrieron con la despedida de Madonna, y a la movilización acuática de los raizales le dieron menos despliegue que al desfile de balleneras en el Reinado de Cartagena.

Si bien a finales de la época de la Colonia (1803) España separó las Islas de San Andrés de la jurisdicción de Guatemala y las integró a la Nueva Granada, fue el pueblo isleño raizal de San Andrés quien ya en la Independencia expresó su voluntad de integrarse a la Gran Colombia (1822), gracias a lo cual tenemos la fortuna de tener en el Caribe el mar territorial que tenemos. Pero en el siglo XX la República procedió con los raizales de la misma forma como al interior del país venía haciendo con los pueblos indígenas. Desde 1912 los continentales invadimos las islas, llevando incluso gratis familias de colonos hasta allá, y de paso les impusimos a sus habitantes un proceso de colombianización de su cultura. A partir de establecer el puerto libre en 1954 convertimos las Islas en paseadero y compradero de los continentales, y años después en ruta y refugio de la mafia. En el proceso fuimos despojando a los raizales del 90% de sus tierras ancestrales (incluso destruimos su cementerio tradicional para construir un hotel de lujo), condenándolos a vivir como minoría en la isla más densamente poblada del mundo. Hoy no podemos reivindicar con cinismo su “rica historia”, cuando en realidad los estamos dejando solos.

¿Qué hacer? En lo que al suscrito respecta: Plegarse al fallo, aunque manteniendo vivo el reclamo contra su juridicidad y sus impactos, y enfocar los esfuerzos en defender y hacer cumplir los derechos constitucionales del pueblo raizal del Archipiélago mediante una solidaridad masiva.

Y de paso blindar a Colombia del mierdero internacional que la Corte de La Haya formó en el Mar Caribe con su sentencia, que suena tan similar al que armaron las mismas Naciones Unidas en el Medio Oriente al trasplantar a los judíos de todo el mundo para Palestina en 1948. Porque, de acuerdo con un reporte de la agencia española EFE, el 29 de noviembre la Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el ingreso a sus nuevas aguas jurisdiccionales, en forma rotativa, de efectivos militares, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Cuba, de Rusia, de Venezuela y de Taiwan, para realizar intercambios y labores de carácter humanitario con personal del Ejército de Nicaragua, a partir del 1° de enero de 2013; además de autorizar a los Estados Unidos para que continúe ejerciendo el control del narcotráfico en la zona (http://www.semana.com//mundo/nicaragua-autoriza-ee-uu-patrulle-zona-maritima-delimitada-colombia/188966-3.aspx) (http://www.asamblea.gob.ni/87156/efectivos-militares-de-estados-unidos-y-nicaragua-realizaran-patrullaje-en-conjunto-en-espacio-maritimo/ ).

MAPA DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
QUE PERMITE APRECIAR LA UBICACIÓN Y LA FISONOMÍA DE LAS ISLAS Y CAYOS QUE LO COMPONEN

Tomado de: Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y Marítimo” (Nicaragua c. Colombia). 19 de Noviembre de 2012. Traducción no oficial de Ricardo Abello-Galvis, WalterArévalo, Andrés Sarmiento y María Carolina Caro, que se publicará en el próximo volumen del Anuario Colombiano de Derecho Internacional – ACDI

Y FIN… SANTOS ENTREGÓ EL MAR DE SAN ANDRÉS
Y SE FUE PARA EL CONCIERTO DE MADONNA

“Denunciamos asimismo los torneos de baile anunciados
para estos días y esperamos que los católicos de verdad se abstendrán de concurrir a semejantes diversiones”
Monseñor Miguel Ángel Builes, 1957

La monita no tiene la culpa. Su canto irreverente y su icónica presencia son bienvenidos, porque, más allá de lo farandulero, marcan un hito cultural, son casi una escultura viviente que se instala en pleno centro de Medellín para proclamar los avances de género en la muy tradicionalista sociedad antioqueña. Pero a su pesar, sin que ella siquiera se dé por enterada, en la desafortunada coyuntura que rodea la honrosa visita su concierto remata como un gesto grotesco el día que Colombia perdió el Mar de San Andrés.

En la mañana de hoy el presidente de la República anunció que Colombia se retiraba del Pacto de Bogotá y por tanto de la jurisdicción de la Corte de La Haya, para que hacia el futuro no se vuelvan a dar sentencias que destrocen nuestro territorio. “Nunca más, nunca más nos debe volver a suceder lo que ocurrió con el fallo del 19 de noviembre, proferido por la Corte Internacional de Justicia. Es evidente que este fallo condujo a un resultado manifiestamente contrario a la equidad”, subrayó el presidente Santos (http://wsp.presidencia.gov.co/Banco/2012/Documents/Noviembre/voz2233.swf).

“Hacia el futuro” quiere decir que, EN EL PRESENTE, se acata el fallo de la Corte Internacional de Justicia y se le dará cabal cumplimiento.

Con esas breves palabras se avaló un bodrio jurídico de dudosa existencia. Perdimos 90.344 kilómetros de Mar Territorial. El Archipiélago de San Andrés y Providencia quedó partido en dos y rodeado por tres de sus cuatro costados por las fronteras de otro país. La comunidad isleña raizal fue despojada de su territorio ancestral y sin capacidad de decidir sobre el uso del mismo (“el Estado reconoce y PROTEGE la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”). La tierra quedó herida y roto el equilibrio en el Caribe.

El presidente hizo el anuncio durante un evento de la Federación Nacional de Cafeteros. Ni siquiera se dignó hacerlo en una alocución dirigida a los colombianos, sino que prefirió rodearse de los validos del poder. Le entregó la decisión a un pool de abogados que antenoche entraron al Palacio de San Carlos con sus cuellos de pajarita como quien llega al Jockey Club a definir un arbitramento entre consorcios financieros. Tampoco convocó a una reunión plenaria de todos los poderes públicos. Más fácil se reunió ayer con el subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La tierra donde mi abuela materna, que era partera, enterró el ombligo de sus hijos.

La tierra donde, en el barrio Manrique de Medellín, fui con mis cinco hermanos a la Escuela de Niños Alfonso López y donde mis tres hermanas fueron a la Escuela de Niñas Marco Fidel Suárez, y a todos nos enseñaron que este rincón de la creación se llama Colombia.

Que el país se compone de cinco regiones naturales adentro y de un archipiélago en el mar.

Hoy hay que darle mucho amor a San Andrés. Llenar de amor a Colombia y a Nuestra América para que entre todos se recupere el equilibrio perdido en esta tierra por la herida que ha sufrido en San Andrés.

Que los pleitos de linderos los deben resolver los jueces, eso está bien. Si el vecino reclama y el juez dice que es necesario correr el lindero, eso está bien. Pero el juez no puede ponerme al vecino en la puerta, partir en dos mi casa y encerrar ésta por los costados Norte, Occidente y Sur como ha hecho el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya con nuestro Archipiélago de San Andrés y Providencia.

De un juez uno espera un fallo, pero no recibir un machetazo. Y eso es lo que ha ocurrido. La sentencia tomada en La Haya le cercena a Colombia 90.000 kilómetros de espacio marítimo. En la práctica nos quita el Mar de San Andrés.

Por eso debemos acallar el ruido, sentarnos descalzos en el piso con las piernas cruzadas, despejar las malas energías que acechan el tema, buscar en lo más alto de los cielos y en lo profundo de nuestras raíces, hasta que en Bucaramanga, Medellín, Villavo, cada colombiano sienta que también le duele un pie.

No se puede dejar a los sanandresanos solos, aplicando ungüentos locales con una emergencia económica focalizada e inocua. El presidente debe trasladar el problema al continente. De lo contrario, será tan reo –por lo menos de conciencia- como su antecesor, por haber permitido la escisión del territorio. Y para allá va. Ni siquiera ha vuelto a dirigirse al país en ocho días, mientras el espacio mediático lo vuelven a copar las telenovelas, los concursos, los traquetos y las reinas (en este caso del Pop).

No entiendo su Gobierno. Hace una semana usted puntualizó los aspectos inaceptables de la argumentación de la Corte de La Haya y afirmó que Colombia rechazaba el fallo en esa parte. Pero hoy su ministro del Interior le dice a la prensa que el fallo

El rechazo no es una opción irracional. Irracional es defender la integridad del sistema jurídico y aceptar la mutilación del territorio. Ni Francisco de Paula Santander hubiera sido tan legalista. De otra parte, el Derecho siempre termina modulándose cuando se enfrenta a la firme determinación de un pueblo unido. Y aquí está la clave. El ministro alcanza a intuirla (la Corte no tuvo en cuenta el derecho de las minorías étnicas); pero, encasillado en el Derecho de los Estados, no alcanza a ver la salida en el Derecho de los Pueblos, en el cual el territorio no es sagrado solo para la comunidad isleña raizal, sino para todo el pueblo colombiano.

Actúe, señor presidente, tome el riesgo. Otros, sin arriesgar nada, vea lo que consiguieron. La sentencia podrá estar ejecutoriada, pero no está consolidada, que es a la larga lo que importa en el escenario internacional. Una herida abierta se puede sanar, un muñón no. Todavía el Mar de San Andrés es recuperable. Haga que a todos nos empiece a doler por igual el pie. Decrete el estado de conmoción interior.

EXPLICACIÓN PERSONAL A LA PROPUESTA DE NO ACATAR
EL FALLO DE LA HAYA Y DECRETAR LA CONMOCIÓN INTERIOR. ÁLVARO URIBE DEBERÍA MARGINARSE DEL TEMA Y HUNDIRSE EN EL MAR DE SUS RESPONSABILIDADES

Como ya me empiezan a llover rayos y centellas por la propuesta de no acatar el fallo de la Corte Internacional y acudir a la conmoción interior en su remedio, creo que debo explicar un poco.

Como en todo, viejo, la propuesta tiene a su alrededor un intexto, un contexto y una literalidad.

El intexto, lo que ocurre en uno, la lógica personal de lo que se escribe, la coherencia consigo mismo y los costos que se asumen en la formulación, se resume en el efecto de la propuesta sobre las ideas y proyectos en que uno cree y por los que se mantiene en permanente confrontación casi con todo:

Por ejemplo, no es fácil proponer hacer uso de un estado de excepción, cuando personalmente estuve en los años 80 en muchos procesos de resistencia al estado de sitio, no solo por la afectación masiva de los derechos humanos a su cobijo sino por la desinstitucionalización que producía su uso recurrente, y en 1991 me tocó participar, dentro del equipo de la ONIC en la Constituyente, en el desmonte de esa nefasta figura.

También me costó mucho escribir, y creo que pudo redactarse de otra manera, que el fallo de la Corte Internacional de Justicia es equiparable a una agresión externa, cuando en mi tesis de grado hice tanto énfasis en que cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inexequibles el Estatuto de Seguridad y la Reforma Constitucional de 1979, el presidente Turbay -en foros en la Escuela Militar y en el DAS- acusó a los magistrados de ser agentes de perturbación del orden público y equiparó las sentencias a las bombas de la guerrilla. En la tesis sostuve como conclusión que este tipo de mensajes que circulaban en esa época entre los estamentos políticos y militares fue determinante para que se produjera en 1985 el Holocausto del Palacio de Justicia, ya que para el coronel Plazas Alcid los magistrados y los guerrilleros estaban en el mismo nivel: tan subversivos eran los unos como los otros.

Respecto del no acatamiento como tal, ahí sí no tengo reparos de conciencia ni jurídicos, porque el fallo es tan absurdo (dividir en dos un archipiélago poseído siempre como una unidad) y de alcances tan ostensiblemente desproporcionados (el país reclamante queda con todo mientras la otra parte sufre lesión enorme), que creo que ni siquiera es revisable, sino que Colombia puede tenerlo por inexistente; de manera similar a como hace unos años, con ponencia de mi dilecto profesor de Derecho Civil Jairo Duque Pérez, la Corte Suprema de Justicia consideró inexistente el tratado de extradición con los Estados Unidos porque no lo firmó el presidente de la República sino un ministro delegatario, a quien no se podían delegar las atribuciones de jefe de Estado.

Primero. Se teme el desborde del estado de excepción. Pero para eso está el control jurídico-político de la Corte Constitucional tanto sobre su declaratoria como sobre los decretos, en lo que la Corte ha sido estricta. Y además, está el control que pueda darse desde la mesa de diálogo de La Habana, por parte de quienes pudieran sufrir los impactos de los abusos.

Segundo. Está en el medio del problema la comunidad raizal de San Andrés y Providencia, que no solo pide garantías para continuar su actividad pesquera tradicional, sino que desde hace tiempo reclama el cumplimiento de sus derechos constitucionales como grupo étnico: autodeterminación, saneamiento de su territorio ancestral y descolombianización de su cultura; algo similar a lo que obtuvo el pueblo Cuna o Tule de Panamá en 1925 (ONIC, “Territorio y territorialidad de los pueblos indígenas: historia y perspectivas”, 2012).

Tercero. Aunque el “rechazo” al fallo proviene de boca del presidente Santos, la connotación de “no acatar” es de Uribe, quien pretende liderar la reacción nacional contra el fallo de La Haya, cuando el ex presidente no tiene autoridad alguna para intervenir en este asunto y, por el contrario, debería ya estar siendo juzgado como responsable del fracaso.

Esta imputación se basa en la evidencia que fue durante los ocho años de su Gobierno que se tramitó el proceso en la Corte Internacional de Justicia, no habiendo tomado las medidas que estaban a su alcance como jefe de Estado para evitar la afectación de los intereses nacionales. Y su disculpa no puede ser más inculpadora: Ayer (22 de noviembre) le dijo a Teleantioquia que quien debió retirarse de la Corte fue el gobierno anterior, pues él recibió el proceso en marcha y “con el pleito andando, el retiro de la Corte habría sido inútil en lo jurídico pero útil en lo político”. O sea que, estando enterado del riesgo que se corría, ni actuó sobre La Haya ni buscó apoyos internacionales ni a nivel interno movilizó a las fuerzas políticas y sociales para prevenir un fallo adverso.

De otro lado, le queda mal a Uribe mostrarse ahora como el adalid de la Independencia Nacional, cuando en su Gobierno hizo hasta lo imposible por evitar que el Bicentenario del Grito de Independencia de Colombia se celebrara en la fecha que correspondía (2010), intentando aplazar la fecha hasta 2019, por el mero interés de que coincidiera con su proyecto de “Visión Colombia Segundo Centenario 2019” y tal vez con su reelección hasta ese año. Sólo la presión de la comunidad de historiadores logró que a última hora se creara una pequeña oficina y se organizara un exiguo programa para 2010, privando a los colombianos de una conmemoración colectiva, digna, ilustrada y crítica de esa fecha tan importante, así como de la oportunidad ritual para reforzar el sentido de pertenencia a este suelo. Omisiones como estas producen efectos como los que ahora sufrimos: Nos pueden quitar medio país y los colombianos ni nos inmutamos.

Y las razones de Uribe para oponerse a la celebración de los 200 años de la Independencia en 2010 serían risibles, por lo pueriles, si no implicaran un enorme error de perspectiva en la concepción del Estado que lo llevó a desatender los peligros externos que se cernían sobre el país por concentrarse, de manera obsesiva y paranoica, en el conflicto interno.

Uribe creía que no podía celebrarse la Independencia hasta que no se derrotara el Terrorismo, pues con una celebración anticipada al país de ahora le pasaría lo mismo que en el siglo XIX: La independencia se proclamó en 1810, pero como nos quedamos en la Patria Boba a los seis años regresaron los españoles y reconquistaron el terreno perdido. Pues el tiempo demostró que no se derrotó al terrorismo pero sí llegó el Tribunal de La Haya y nos quitó 90 mil kilómetros cuadrados de mar territorial. Ese error de Derecho Público de creer que la independencia se predica frente a un enemigo interno hizo que Uribe descuidara el ámbito propio de la soberanía: los poderes externos al país. Por eso es responsable del fracaso en La Haya y debería estar vetado para referirse al tema. Hundirse en el mar que por su culpa se nos quita.

Bueno, Efra, esto es lo que quería comentarle de las cosas que me estaban zumbando en la cabeza cuando escribí el texto que le envié. Estos son el intexto y el contexto de esa propuesta que a algunos les ha parecido un descache, a otros patriotismo barato, a otros cosa de caterva de fachos, y que a mí, personalmente, me parece que es solo otra de esas causas perdidas que de tanto en tanto me da por avivar.

Ah, y se me olvidaba. La importancia del territorio para la identidad e integridad de un pueblo la aprendí de tanto trabajar el tema con los indígenas.

Posdata: Lo que le digo del error de perspectiva conceptual de Uribe al mezclar independencia con insurgencia hace parte de un libro que escribí en 2009 llamado “Disputas por la historia en los Bicentenarios de Colombia y Latinoamérica”, del que le copio un fragmento:

Para auscultar el pensamiento del jefe de Estado acerca del Bicentenario, es preciso acudir a rastrearlo en espacios distintos a los conmemorativos, de los que son muestra los discursos que se reseñan a continuación.

El 3 de diciembre de 2004, un mes antes de presentar la Visión Colombia 2019 ante el Consejo de Ministros, durante la ceremonia de ascensos a subtenientes realizada en la Escuela Militar José María Córdova, el presidente dijo:

“Dentro de pocos años, Colombia celebrará dos siglos de Independencia. Ojalá los podamos celebrar con la nueva Independencia, que es la derrota del terrorismo, para que esta Nación sea una Nación fraterna, democrática y de opciones de pensamiento, sí, pero fraterna, sin exclusiones y sin odios. Una Nación en permanente progreso, una Nación justa, una Nación democrática, una Nación cristiana.

“Ustedes van a darle a Colombia la segunda Independencia, la del segundo centenario, van a liberar a Colombia del terrorismo, y esa Independencia sí que será importante.

“Empecemos, con miras a estos 200 años, a recabar más en el recuerdo de los héroes. Ustedes hoy empuñan las espadas de la virtud de Colombia, ustedes empuñan la fuerza que conduce a la virtud. Bellamente El Libertador, en aquel mensaje a la Convención de Ocaña, relacionó la fuerza con la virtud. La fuerza transparente, la fuerza democrática, la fuerza institucional del Estado, es la que garantiza la virtud y la virtud es lo único que garantiza la permanencia de la Nación.

“La espada de ustedes, jóvenes subtenientes, tiene un llamamiento y una vocación, en las palabras del Libertador: defender al débil, ser la salvaguarda del débil y aterrar al delincuente. Recuerden: defender al débil, constituirse en la salvaguarda del débil y aterrar al delincuente.

Cuatro años después, el 18 de julio de 2008, durante la clausura del Encuentro Internacional de Acción Social en Cartagena, cuando ya está en marcha el Bicentenario para 2010, ad portas del primer Concierto Nacional y con destacados resultados en el orden público, el presidente expresó:

“Diría que todos estos pasos importantes, lo necesario es consolidarlos. Colombia le ha perdido el temor al terrorismo. Ese es un gran avance. Colombia ha aprendido a protestar contra el terrorismo. Ese es un gran avance. Las víctimas se han quitado la mordaza y ahora reclaman. Ese es un gran avance.

“Si algo importante ha ocurrido en este país, es que se ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos.

“Esto que podríamos llamar el Grito de Independencia de Colombia, la Segunda Independencia, la Segunda Libertad, ahora que nos aproximamos a las celebraciones del 20 de julio, y que estamos en la víspera de la celebración mayor, la del Bicentenario, 20 de julio de 2010, amerita un raciocinio y una convocatoria de los colombianos.

“Este nuevo Grito de Independencia no puede ser sucedido por Patrias Bobas.

“El problema de 1810 fue lo que siguió: aquella Patria Boba en la cual quedamos inmersos, y que nos exigió otra década de profundos sacrificios y que nos retrasó tanto. Hay que estar muy alertas en eso.

“Lo importante es que lo [que] podríamos llamar este Grito de Independencia de los colombianos, ahora que se han quitado la mordaza del terrorismo, no vaya a ser sucedido por una época de Patria Boba, que nos retrasaría mucho”
(http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/julio/18/16182008.html).

A lo largo y ancho de América Latina, el Bicentenario ha servido para que los pueblos recuerden lo que fueron tres siglos de coloniaje y la lucha librada por los antepasados en busca de su emancipación, resignificando esos hechos en el presente como la perseverancia en la defensa de la autodeterminación y el rechazo a la injerencia externa en la región. Nada de eso se aplica en Colombia. Aquí, el Segundo Centenario de la independencia, pasado por el tamiz de la política de la seguridad democrática, se convierte en un dispositivo más contra el enemigo interno.

Equiparado el Bicentenario con la meta de la derrota del terrorismo, su celebración en 2010 resultaba prematura. Teme el presidente que una celebración importante del Bicentenario en 2010 y un relevo en el mando de la nación antes de que se cumplan los objetivos de la Seguridad Democrática y de la Visión 2019, pueda desembocar en una nueva “Patria Boba”, nombre con que en Colombia se designa peyorativamente el periodo 1810-1816, cuando después de proclamada la independencia se abrió una guerra civil entre centralistas y federalistas.

Pero en materia de Patria Boba, aquí cabe recuperar la actualidad del discurso que pronunciara el presidente Alberto Lleras Camargo en el Sesquicentenario, refutando a quienes desde los partidos políticos -que irracionalmente se enfrentaron en 10 años de irrefrenada violencia- desdeñaban el homenaje a la generación del 20 de julio de 1810:

“¿Sería justo que quienes hemos turbado nuestra paz, sacrificado cientos de miles de colombianos, quemado sus riquezas, cometido delitos innumerables, sin objeto ni propósito, por un lapso más largo, nos volviéramos contra las sombras de los primeros mártires para recriminarles que perdieron el tiempo en ociosas disputas sobre la forma del poder y la organización de la nueva República, mientras España preparaba la revancha?” (Discurso del Señor Presidente de la República, doctor Alberto Lleras, con motivo de las festividades patrias del 20 de julio de 1960, pronunciado en sesión solemne de la Academia de Historia en el Sesquicentenario de la Independencia).

NO ACATAR EL FALLO Y DECRETAR LA CONMOCIÓN INTERIOR
PARA HACER FRENTE A LA DECISIÓN DE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA DE LA HAYA

Los derechos de Colombia. Dentro de 100 años el gobierno de Santos se recordará de la manera en que hoy recordamos los gobiernos de los viejitos Sanclemente y Marroquín del anterior entresiglo: como la época en que a consecuencia de la Guerra de los Mil Días se perdió Panamá.

Los derechos de Colombia en el Mar Caribe son de una nitidez meridiana. Nicaragua está equivocada de cabo a rabo. Los nicaragüenses dicen que el Archipiélago de San Andrés les pertenece porque se encuentra frente a sus costas, dentro de las 200 millas de mar territorial, y porque el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 que fijó los límites en el Meridiano 82, o sea, al oeste del Archipiélago, fue firmado por Nicaragua en un momento en que este país estaba bajo invasión norteamericana.

Ninguno de estos dos argumentos es suficiente. En primer lugar, los nicaragüenses olvidan que la extensión de los países no es un asunto de geografía, sino de política. Y los derechos políticos de Colombia sobre el Archipiélago han sido ganados legítimamente: Desde los tiempos del Virreinato de la Nueva Granada Colombia ha tenido soberanía sobre las Islas, e incluso en algún momento fue dueño de la Costa de Mosquitia en pleno territorio continental de Nicaragua. Además, en 1822, durante la Revolución de Independencia, fue el propio pueblo raizal de San Andrés quien decidió que quería pertenecer a la República de Colombia (Gran Colombia) recién fundada por el Libertador Simón Bolívar.

En segundo lugar, el argumento de la intervención norteamericana tampoco sirve. Porque si algún país ha perdido territorio por culpa de ese intervencionismo ha sido Colombia, ya que en 1903 los Estados Unidos patrocinaron políticamente y apoyaron con buques de guerra la separación del Departamento del Istmo de Panamá.

En los últimos 200 años Colombia ha perdido territorio con Perú, con Brasil, con Venezuela y con Panamá. Nos hemos salvado por la parte de Ecuador, debido a que la frontera del río Rumichaca estaba trazada desde antes de la llegada de los españoles, como relata Pedro Cieza de León. No puede ser que ahora inauguremos con Nicaragua el recorte de los límites marítimos.

Si esto no se evita ahora, mañana no podremos detener la pérdida de la Amazonía bajo el cuento chino de que es Patrimonio de la Humanidad. O que, hablando de chinos, cualquier Tigre Asiático llegue a pasearse por la Isla de Malpelo como si fuera Falcao.

NO ACATAR EL FALLO Y DECRETAR LA CONMOCIÓN INTERIOR
PARA HACER FRENTE A LA DECISIÓN DE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA DE LA HAYA

Inteligente y acertada la posición del presidente Juan Manuel Santos Calderón: La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en La Haya (Bélgica), contiene apartes que reconocen los derechos históricos de Colombia en el Caribe, pero de manera contraria a derecho ha terminado cercenando el territorio colombiano en una proporción absolutamente inaceptable, que obliga al Gobierno Nacional a rechazar dicho fallo (http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/alocucion-de-juan-manuel-santos-sobre-fallo-de-corte-de-la-haya-90025).

Como lo señala el señor presidente, esta es una pieza jurídica deplorable: “Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar”. Además, la sentencia es contraevidente, contradictoria, extrapetita y con tal cantidad de zonas grises que no solo perjudica a Colombia sino que pone en jaque la estabilidad jurídica internacional. En otras palabras, un fallo injusto e infame, que la misma Corte, o si no ella, la Asamblea General de las Naciones Unidas, debe revocar.

La consecuencia lógica es que no se acate el fallo y se exija su revisión, procedimiento que la canciller afirma que está previsto en el Estatuto de la Corte.

Desacatar no es desobedecer ni irse a las armas. Es hacer lo mismo que hace cualquier parte en un proceso cuando un fallo le es desfavorable. El derecho a la defensa en cualquier sistema jurídico, en especial de única instancia, señala que la parte afectada puede pedirle al mismo juez o tribunal que profirió el fallo que revoque o revise su decisión.

Andrés Hoyos, director de la revista El Malpensante, le ve un lado positivo a lo ocurrido: “El país se ha puesto a llorar por algo de lo que nunca se ocupó, como nunca nos ocupamos de Panamá en su momento. Si el tarascazo sirve para que por fin velemos por la totalidad del país y no nada más por ciertos barrios de Bogotá y Medellín, el descalabro tendrá al menos ese aspecto positivo” (http://www.elespectador.com/opinion/columna-388226-nicaragua).

Lo primero es cierto (todo esto ha ocurrido porque la clase pudiente de Colombia maneja el país como si fuera una finca privada y por tanto nunca enteró a los colombianos de lo que estaba ocurriendo y de los riesgos que se corrían con el proceso judicial en La Haya). Pero la resignación a que lo mismo no se vuelva a repetir hacia el futuro, NO.

¿Entonces qué? ¿Hay que encogerse de hombros ante el hecho de que por la ineptitud de la clase dirigente perdamos miles de kilómetros de mar territorial y aceptemos como si nada que el Archipiélago de San Andrés (y no solo dos cayos) quede encerrado por el Norte, el Occidente y el Sur dentro de las fronteras de un país extranjero?

Si los derechos de Colombia fueran dudosos, si tuviéramos algún sentimiento de culpa por habernos apoderado por la fuerza o con mañas de esas islas, vaya y venga. Pero es que desde hace más de 200 años cada colombiano se ha levantado y acostado todos los días bajo la confianza de que el Archipiélago de San Andrés y Providencia hace parte de Colombia, y cada muchacho o muchacha reclutados por la fuerza o voluntarios en las Fuerzas Armadas juran con plena convicción dar la vida por defender la soberanía colombiana sobre las Islas.

Mientras en un partido amistoso una selección nacional de fútbol se puede dar el lujo de botar un penalti en el último minuto, poniendo por encima del resultado la hermandad entre los pueblos, como acaba de hacer el seleccionado de Brasil con Colombia, en un gesto de gallardía que honra al joven Neymar; en un affaire contencioso de derecho internacional Colombia no puede hacer un gesto similar de resignación de sus alternativas, sobre todo cuando quien está en el arco contrario no es Nicaragua sino las Naciones Unidas, porque la Corte de La Haya es un órgano de las Naciones Unidas, y por tanto quien intenta quitarnos la integridad de la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés son las Naciones Unidas.

Se ha querido presentar la imagen de que el problema que ha generado el fallo de esa Corte consiste en que se ha producido un perjuicio a los pescadores de San Andrés y Providencia. Entonces en Colombia el Consejo de Ministros estudia la declaratoria de la Emergencia Económica y Social, e igualmente desde Managua la televisión trasmite cada hora un mensaje de su presidente en que le dice a los sanandresanos que tendrán libre acceso a la pesca en la nueva porción de mar nicaragüense.

Nada más alejado de la realidad. Los efectos de la sentencia de la Corte de La Haya trascienden con mucho lo económico, lo étnico y lo ambiental. De llegarse a consolidar ese fallo la consecuencia será un cercenamiento de ¡90.344 kilómetros cuadrados de Mar Territorial! (http://noticias.starmedia.com/politica/nicaragua-celebra-fallo-su-favor-haya.html).

Es decir, una enorme afectación de la integridad nacional de nuestro país; la pérdida irremediable de soberanía sobre un territorio y unos recursos que, más que a nosotros, pertenecen a las generaciones futuras de colombianos.

Es esta la perspectiva desde la cual debe afrontarse el problema: El fallo de la Corte de La Haya configura una situación de amenaza a la integridad territorial de Colombia, un hecho asimilable a una agresión externa, tanto más injusta cuando Colombia ha sido de los más disciplinados miembros en el concierto de las naciones.

Si esta agresión fuera armada, nadie dudaría en la procedencia del Estado de Guerra Exterior previsto en el artículo 212 de la Constitución.

Pero como la agresión, aunque no es armada, sí es de tal magnitud en sus consecuencias que compromete al interior del país la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, es viable desde todo punto de vista declarar el Estado de Conmoción Interior.

La senadora Alexandra Moreno Piraquive tiene razón cuando dice que el Gobierno colombiano peca de exceso de diplomacia. Al paso que vamos, sólo falta que todo termine en que, como pasó en 1892, Colombia le haga entrega a la Corte Internacional de La Haya de los restos del Tesoro Quimbaya, por el favor que nos hace en la resolución de un litigio fronterizo (http://www.tesoro.quimbaya.com/es/index.htm).

El presidente de la República, que como él mismo señaló, fue elegido para “para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia”, está en plena capacidad de hacer uso de los máximos poderes que ésta le otorga en la materia, en la seguridad que contará con el apoyo de todos los colombianos.

Y ahí está, en el artículo 213 constitucional, el Estado de Conmoción Interior en toda la República, el que puede declararse por un término no mayor de noventa (90) días y le permite al jefe de Estado conjurar en el ámbito interno los factores de perturbación de la estabilidad, la seguridad y la convivencia, pudiendo dictar para ello los decretos con fuerza de ley de efectos transitorios que considere necesarios.

Para zimbronear al país. Hacer lo que no se hizo en los once años de litigio: provocar una gigantesca movilización de 42 millones de colombianos en defensa de la integridad nacional. Y esto exige tomar medidas legislativas que afecten temporalmente derechos fundamentales.

Por ejemplo: Lo primero es sintonizar a todo el país con la problemática y en un solo lenguaje. Este es un asunto de comunicación, de pedagogía y de convocatoria, que sólo puede ser eficaz en la medida que el Estado tenga disponible el espectro electromagnético de su propiedad, y en esta medida pueda utilizar ante la gravedad de las circunstancias todas las bandas de radio y de televisión.

No puede ser que con semejante problema encima, los colombianos dediquemos una exageración de tiempo en franja óptima a certámenes de belleza, realities de guerras entre sexos y regiones, concursos de canto e interminables balaceras de traquetos. Los ganadores de las respectivas competencias no nos van a devolver los 90.344 kilómetros de espacio marítimo que estamos a punto de perder.

Se podría también usar las estrategias de apropiación territorial que aplican los indígenas para la protección de sus resguardos, de recorrer la tierra, llevando y trayendo miles de colombianos entre las Islas de San Andrés y el continente, en un puente aéreo y marítimo de emergencia. Este esfuerzo requerirá usar medios logísticos de los que el Estado no dispone, y que no se puede dejar a la voluntad de los propietarios privados prestarlos.

Igual es urgente redoblar la defensa del Mar Territorial comprometido en el litigio, doblando o quintuplicando el número de embarcaciones y de tropas en el Archipiélago, en vigilia preventiva; pero no con el personal activo (no puede sacarse un solo elemento del control del orden público y del combate al narcotráfico), sino con el llamamiento de las Reservas. Este programa debe financiarse con impuestos directos.

Estas medidas internas, extremas si se quiere, que sin duda afectan la molicie del temperamento público y algunas actividades privadas, deben estar acompañadas de hechos simbólicos contundentes, estilo Mockus, tanto a nivel interno como externo, que trasciendan la cotidianidad de los hogares, los pueblos, las ciudades, y transmitan a la opinión pública internacional la dimensión de nuestro inconformismo.

El pueblo más feliz del mundo va a aceptar, así sea a regañadientes, que el Gobierno Nacional decrete la suspensión, durante los noventa días de conmoción interior, del Alumbrado Navideño de Medellín, de la Fiesta de Cali, de la Feria de Manizales, del Carnaval de Riosucio y del Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, y ponga en suspenso el Carnaval de Barranquilla de marzo del año entrante. Lo peor que nos puede pasar después de las fiestas, si se hicieran, es que al guayabo le tengamos que sumar la vergüenza de haber dejado perder el Mar de San Andrés.

Frente a la Comunidad de Naciones, el Gobierno puede y debe tomar una medida cuya obviedad salta a la vista, dado el origen de la perturbación que nos afecta hasta el tuétano de la colombianidad, como es retirar todo el personal diplomático del sistema de Naciones Unidas (sin salirse de la jurisdicción de la Corte de La Haya, claro está).

Infortunadamente, el Gobierno colombiano no puede acudir a solicitar la solidaridad de América Latina, al nivel que se quisiera, después del elocuente silencio del presidente Santos en la pasada Cumbre de las Américas respecto del caso de las Islas Malvinas. Pero nada obsta para que anuncie el retiro de las embajadas de aquellos países que no observen neutralidad en el litigio.

Citado por Bibiana Escobar y Juan Felipe Garcés. “Mujeres tradicionales, mujeres modernas: apuntes iniciales desde la conquista del voto”, en: Bibiana Escobar (compiladora). Género y Derecho, Medellín, Ediciones Universidad Autónoma Latinoamericana, 2011, pág. 57.