LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
LLAMA A REACCIONAR FRENTE AL FALLO DE LA HAYA

“Faltaría más para que un Estado no pudiese reaccionar al cercenamiento de una parte considerable de su espacio marítimo y que una decisión excesiva y altamente cuestionable no pudiera ser cuestionada. Hacerlo es una obligación”

“La UN hace un llamado a los sectores sociales y universitarios de los países caribeños con los cuales compartimos mar y fronteras para que nos apropiemos de nuestra historia fronteriza, de nuestros recursos y de la resolución pacífica de nuestros conflictos”

La última edición de UN Periódico (Bogotá, Nº 162, domingo 9 de diciembre de 2012) trae un “Especial San Andrés”, del cual extraemos los siguientes extractos:

EDUCACIÓN PARA SALVAR A SAN ANDRÉS

Ignacio Mantilla Prada,
Rector Universidad Nacional de Colombia

Una decidida política para ofrecer a las siguientes generaciones de isleños una educación que los saque de los últimos niveles de educación del país y les ofrezca la opción de formarse en todas las áreas del conocimiento sería la mayor apuesta para salvar al Archipiélago de la indiferencia y el abandono en que ha permanecido. Las acciones que propone la UN, lideradas por la Rectoría, y las que ha adelantado en San Andrés podrían ilustrar a los Gobiernos sobre cómo rescatar e integrar a la población.

La sensación de estar perdiendo a San Andrés nos invita a preguntarnos si ha hecho parte integral del país y ha participado en sus decisiones (…)

Quisiera estar seguro de que en el plan especial mencionado por el presidente Santos,  además de buscar soluciones al problema económico, se incluya una decidida política para ofrecer a las siguientes generaciones de isleños una educación que los saque de los últimos niveles de formación del país y les ofrezca la opción de formarse en todas las áreas del conocimiento, para ser competitivos en un mundo globalizado.

Las condiciones de abandono en que ha permanecido el departamento deben ser corregidas, pues San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían estar en riesgo de perderse, no solo por demandas de Gobiernos vecinos, sino por la decisión de sus propios habitantes de no querer seguir siendo parte de un país que no los integra.

UN, presencia real en San Andrés

La Universidad Nacional de Colombia, en un intento por integrar regiones de frontera al sistema de educación superior del país, creó desde hace quince años sedes en Arauca, Leticia, San Andrés y Tumaco. En el caso de San Andrés, la sede demuestra una presencia real, que ha sido fortalecida por todas las direcciones de la Universidad desde su creación.

EL FALLO EN EL CASO DE NICARAGUA CONTRA COLOMBIA: ACATAMIENTO CRÍTICO

Antonio José Rengifo Lozano,
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

La sentencia de la CIJ es cuestionable no por patriotismo ni porque sea de difícil ejecución a la luz de la Constitución política, sino porque se aparta del método tradicional que el derecho del mar establece para trazar las delimitaciones marítimas.

Lo que nadie pudo prever fue el excesivo rigor aplicado por la Corte y el alcance de su decisión respecto de terceros Estados. Faltaría más para que un Estado no pudiese reaccionar al cercenamiento de una parte considerable de su espacio marítimo y que una decisión excesiva y altamente cuestionable no pudiera ser cuestionada. Hacerlo es una obligación.

Baste solo mencionar, como dato indicador, que la decisión presenta una opinión disidente del juez Hisashi Owada (Japón), dos opiniones separadas (jueces de Francia y Estados Unidos) y cuatro declaraciones de un número igual de jueces.

El fallo es cuestionable no por algún sentimiento patriótico, sino porque introduce elementos subjetivos que van más allá del método que el derecho internacional del mar dicta a la CIJ para establecer una delimitación marítima. De esa manera, la Corte le da un giro a la evolución jurisprudencial en esta materia.

En Colombia parece estar abriéndose paso una argumentación según la cual el fallo sería de difícil ejecución a la luz de la Constitución política. Ese argumento es difícilmente sustentable, por dos razones. (…)

El fallo es cuestionable frente al derecho internacional y es en el escenario internacional donde cobrarían eficacia las objeciones de Colombia (…)

El acatamiento de los fallos de la CIJ es obligatorio. Pero acatamiento aquí no debe ser sinónimo de docilidad. Los mecanismos de revisión y de interpretación, con las limitaciones que impone su Estatuto, no dejan mayores espacios para que se pueda prever un cambio en su posición. Lo que debería quedar bien claro es que las objeciones y las resistencias de Colombia a la decisión son legítimas y pueden ser bien sustentadas y presentadas en el escenario internacional ante las instancias que corresponde. No es
aceptable que un Estado se quede impasible frente a un despojo de espacio marítimo de esas proporciones. O desproporciones.

Colombia debe salir más hacia el escenario internacional. Hay que explicar, persuadir, convencer a los países vecinos, a los países afectados indirectamente por la decisión, a las academias colombianas y extranjeras. Hay que ganar aliados. El fallo de la Corte provocará inseguridad e inquietud en otros países con conflictos de fronteras. Las reacciones no van a tardar. Colombia no está sola. Ahora es imperativo sustentar bien las inconsistencias y excesos jurídicos.

Colombia, país concentrado en los Andes, ha tenido por horizonte infinito sus montañas, no al espacio liso, abierto y ondulante del océano. Colombia, se ha dicho ya, no ha desarrollado una conciencia marítima. Es un país con amplias salidas a espacios marítimos que solo hasta hace poco pasaron a figurar en los documentos de su política exterior. Ahora aprenderá, a sus expensas, a atender, con mucha precaución, a su mar y a sus océanos, como también a las controversias y litigios que se desprendan del ejercicio de soberanía sobre esos espacios.

En conclusión, lo que permitirá a Colombia implementar el fallo de la CIJ en condiciones más propicias es la sustentación crítica de los excesos de la Corte, desde el derecho internacional y frente a la comunidad de Estados, con alianzas eficaces; y no según las dificultades que presenta nuestra Constitución política, argumentación fácilmente rebatible y de poco sustento frente al derecho internacional.

ADMINISTRACIÓN CONJUNTA DEL MAR CONTRARRESTARÍA EFECTOS DEL FALLO

Johannie L. James Cruz,
Directora de la sede Caribe
Universidad Nacional de Colombia

Estructurar una política de vecindad que acerque a los países, abogue por la integración y la cooperación y, sobre todo, revitalice el papel de los habitantes de las islas es una de las tres apuestas centrales que liderará, de forma duradera, la Universidad Nacional de Colombia. La relación del país con sus vecinos de la comunidad andina es un buen punto de partida para mitigar el impacto de la decisión de La Haya.

Ha sido tradicional que, ante las discusiones con Nicaragua sobre la soberanía de Colombia en el mar Caribe, la reacción sea la misma: reforzamiento del contingente militar; visita de altos funcionarios del Estado para ratificar la soberanía sobre las islas; y una gran inversión de recursos para resolver los problemas sociales y económicos, que se hacen públicos gracias a la atención de los medios durante la coyuntura.

En algunos aspectos, esta situación ha sido ventajosa para la comunidad local. Pero no por eso deja de ser circunstancial y no responde a una estrategia de largo plazo del país respecto a sus fronteras (…)

Como estrategia de defensa, el Gobierno colombiano decidió consolidar sus fronteras marítimas en el Caribe, con el argumento de que el reconocimiento de la soberanía colombiana sobre las islas, por parte de sus vecinos caribeños, restaba contundencia a las pretensiones de Nicaragua (…)

También ha sido una constante que, al suscribir estos tratados, no se considera la opinión de la comunidad de las islas, e incluso se ha hecho a costa de ceder parte del territorio nacional. La promulgación de la Ley 34 de 1986, que permitía a buques jamaiquinos pescar en aguas territoriales colombianas, y el tratado Ramírez-López, suscrito con Honduras ese mismo año y que cedió a este país cerca de 35 mil kilómetros cuadrados de territorio marino, se efectuó haciendo caso omiso de la oposición de la comunidad local.

Además, poco se ha hecho en términos de reparar la ruptura de lazos afectivos, familiares y comerciales entre pueblos hermanos que se debaten en la confrontación entre Estados. En 1928 se dio la primera gran fragmentación del territorio, en la cual el meridiano 82 marcaba el límite en un archipiélago que hasta ese entonces funcionaba como una integralidad. Esta segmentación agudizó la crisis del coco, cuyos productores tuvieron que enfrentar la disminución del precio internacional y las consecuencias de tener cultivos en dos países diferentes.

El reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que modificó los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, evidencia una realidad que no ha cambiado en más de ochenta años de disputa: la defensa no involucra a la comunidad; rumores sobre la presencia de hidrocarburos en la zona; una nueva fragmentación del territorio insular; la reacción de Colombia frente a la comunidad isleña, que no ha sido tampoco distinta; reforzamiento del contingente militar y policial; inversión de recursos para aliviar algunos de los problemas sociales que enfrentan las islas; y, luego, desplazamiento de la atención nacional hacia otros asuntos (…)

Propuestas de la academia

Todo esto hace obvio que Colombia carece de una política de vecindades en el Caribe: una de integración y cooperación mutua entre países que comparten fronteras marítimas que vaya más allá de la suscripción de tratados y que abogue por la administración conjunta del mar; una que revierta el desarrollo económico desigual que se presenta en el Archipiélago mediante inversiones económicas contundentes.

Por esta razón, la Universidad Nacional de Colombia en el Caribe, comprometida con el desarrollo sostenible de la región, lidera la formulación de un gran proyecto que apunta a atender tres frentes de acción fundamentales en el contexto actual.

Primero, crear un observatorio que haga seguimiento de las repercusiones socioeconómicas y ambientales del fallo, con el propósito de diseñar políticas que permitan mitigar los efectos negativos sobre los más afectados e identificar acciones oportunas para proteger (…)

Segundo, proponer y fortalecer proyectos productivos que permitan plantear alternativas de generación de ingresos para la comunidad (…)

Tercero, dar un apoyo claro a la Política Nacional de Océanos y Espacios Costeros para consolidar la posición del país frente al mar.

Construir vecindad

El proyecto supone pensar en varios aspectos: en el significado de la vecindad en el mar, en particular en uno semicerrado como el Caribe; en las implicaciones que tiene delimitar el mar para los nativos isleños, que viven y dependen de su interacción constante con él; y en cómo un hecho fortuito (como el fallo de la CIJ) puede proporcionar el contexto propicio para emprender estas iniciativas.

A este respecto, se han establecido lazos con la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y con la Red de Universidades Interculturales de Centroamérica y Latinoamérica, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas en el marco de la educación intercultural (…).

La UN hace un llamado a los sectores sociales y universitarios de los países caribeños con los cuales compartimos mar y fronteras para que nos apropiemos de nuestra historia fronteriza, de nuestros recursos y de la resolución pacífica de nuestros conflictos.

Debe predominar un paradigma integracionista y de cooperación de Colombia con el Gran Caribe, pues es el mecanismo más adecuado para enfrentar los efectos adversos derivados de las decisiones tomadas por actores ajenos a las realidades de estos territorios, de sus poblaciones y de la vida en el mar.

U.N. EN EL CARIBE: 15 AÑOS SOLUCIONANDO PROBLEMAS REALES

Carlos Andrey Patiño,
Unimedios

La nueva delimitación de la frontera marítima con Nicaragua deja varias incertidumbres en lo ambiental, económico, social e investigativo. En este contexto, la Universidad Nacional de Colombia asumirá nuevos compromisos que se suman a una larga lista de acciones llevadas a cabo desde 1997, con las cuales ha visibilizado la importancia nacional e internacional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Para los científicos colombianos, ir a los cayos de Quitasueño y Serrana –ahora envueltos en mar nicaragüense– siempre ha sido complicado por la distancia y las condiciones meteorológicas, pero ahora hay una variable más: tener que pasar por aguas internacionales.

“Nos han explicado que podemos ir y no pasará nada. Pero no es así. Los pescadores cuentan cómo han sido, de alguna manera, hostigados en aguas colombianas por barcos de otras banderas”, asegura el biólogo José Ernesto Mancera, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia en el Caribe.

La nueva delimitación complicará más la posibilidad de seguir haciendo investigación en esa extensa y biodiversa región. Asimismo, podría convertirse en un obstáculo para la conservación sostenible de los recursos de la Reserva de Biósfera Seaflower, una extensa área marítima por la que Colombia luchó para que la Unesco le diera ese estatus, dice Mancera.

Para los investigadores, científicos, docentes y estudiantes de la sede, que desde hace quince años han explorado ese territorio en todos los ámbitos, no deja de causar preocupación que su trabajo juicioso, consistente y permanente se vea limitado por la nueva realidad geográfica y política (…)

Pero el nuevo panorama fronterizo, resalta la profesora Santos [bióloga Adriana Santos,
directora del Jardín Botánico de la UN, ubicado en San Andrés], restringirá el acceso de los pescadores sanandresanos a la langosta espinosa (que genera exportaciones por seis millones de dólares al año) ya que se captura en el extremo noroeste de la isla, en la zona llamada Luna Verde o la Esquina, un punto comercialmente estratégico al que ya no se tendrá acceso.

“La situación es crítica, pues la zona de mayor abundancia, particularmente de langosta espinosa, de caracol pala y de peces, es el norte del Archipiélago. Así, se afecta no solo la producción industrial, sino también una parte de la artesanal, ya que los pescadores van al área por el agotamiento en otras zonas”, advierte. Ante esta realidad, se verá reducida la pesca artesanal e industrial de pargos, meros, barracudas y atunes. “La pérdida es de un porcentaje enorme”, indica.

“Otro motivo de preocupación es que el área corresponde a la Reserva de Biósfera Seaflower, que incluye la conectividad ecosistémica y de las comunidades culturales. Es absurdo tener esos enclaves en los cayos. ¿Cómo vamos a conservar las poblaciones que no conocen los límites: las larvas, los huevos, el fitoplancton?”, cuestiona.

Concluye: “A este ambiente lo hemos venido estudiando, cuidando y defendiendo, incluso, de la explotación petrolera que el Gobierno colombiano quiso hacer. Trabajamos modelos holísticos de manejo de reserva de biósfera, de conservación y aprovechamiento. Pero la fragmentación amenaza con romper estos espacios vitales”.

DEL DIFERENDO AL CONSENSO

Francisco Avella
Sede Caribe
Universidad Nacional de Colombia

Guardadas las proporciones de modo, tiempo y lugar, las reacciones patrióticas que suscitó el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya no parecen diferenciarse mucho de las ocurridas cuando Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903: protestas, llamados a filas de la juventud bogotana, discursos encendidos y un intento de invasión a Panamá que terminó en Titumate (Chocó).

Por esta razón, antes que por una soberanía entendida según el registro patriótico característico del siglo XIX, la gente del Archipiélago busca una mayor autonomía, que les permita seguir unidos cultural, económica y fraternalmente a los pueblos creole anglófonos del Caribe occidental, pero sin dejar de pertenecer a la nación (pues ellos no fueron obligados por la fuerza de las armas, sino por consentimiento, a hacer parte de Colombia).

El patriotismo que reivindican los nicaragüenses para Managua no es el mismo que reivindica la gente de Bluefields para San Andrés; pues son pueblos hermanos, divididos solo por los intereses de las naciones que los gobiernan, pero unidos por ser el mismo pueblo, la misma etnia. El resto son querellas trasnacionales que obligan a los pueblos hermanos a separarse y odiarse por intereses que no son los suyos.

Por esto, el problema del fallo de la CIJ no es el de la soberanía de Nicaragua y Colombia (o de quién es ese territorio marino y esa zona económica exclusiva), sino el de para qué pueblo son esos recursos que se explotan bajo banderas diferentes. Y la respuesta no puede ser sino para los que habitan esas islas, para los que viven de sus recursos y están obligados a conservarlos para las futuras generaciones. Lo que puede parecer muy romántico para quienes tienen intereses trasnacionales que disfrazan de delirio patriótico, pero muy realista para pueblos hermanos que explotan sostenidamente (…)

Diplomacia cultural y academia

Los únicos que pueden superar el diferendo de soberanía sobre la zona económica exclusiva entre Nicaragua y Colombia son los que viven de sus recursos, los pueblos creole anglófonos, mediante una ampliación franca y eficaz de su autonomía. Por eso, lo que está en mora de constituirse es una diplomacia cultural que esté acompañada de una diplomacia académica que apoye la explotación racional y sostenible de los recursos de una de las reservas de biósfera de la Unesco más grandes del mundo y mejor conservadas, hasta ahora. No solo para evitar el saqueo de las empresas extractivas, que solo piensan en los beneficios de los accionistas, ni para defender soberanías de otros siglos ya pasados, sino para garantizar la supervivencia de uno de los pueblos del mar más marginados: el pueblo creole anglófono del Caribe occidental.

Para hacer posible este apoyo, la Universidad Nacional de Colombia debe ofrecer, en colaboración con la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y la Universidad de las Regiones Autónomas de Zelaya Sur y Norte, entre otras instituciones, su concurso para tejer los lazos culturales que las soberanías a ultranza han destruido.

RELIGIÓN, MÚSICA Y CREOLE, IDENTIDAD QUE NADIE LES PODRÁ ARREBATAR

Fernando García Ardila,
Unimedios

Si hay una característica que distingue a los pobladores raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es la riqueza de sus manifestaciones culturales. Ellas son el resultado de una fusión particular de tradiciones de varias partes del mundo que dieron forma a su identidad, la misma con la que ahora exigen más atención del Estado e, incluso, más autonomía.

Su música resume los sonidos del gran Caribe: calipso, originario de Trinidad y Tobago, y mento, ska y reggae, de Jamaica. Su religión conserva la doctrina evangélica de los bautistas y adventistas de la cultura anglosajona. Y su lengua, el creole –que comparten con habitantes de Nicaragua, Costa Rica y Panamá–, armoniza el inglés con vocablos del español y hablas africanas. Estos tres elementos moldearon una fuerte identidad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que ha logrado sobrevivir a la masiva migración de personas y costumbres del país continental. Es una identidad que también ha sabido incorporar la nacionalidad colombiana, pese a los desengaños por el olvido estatal (…)

Identidad, independencia

Sin embargo, es una relación en crisis permanente y con momentos críticos, como el del pasado 19 de noviembre, cuando, por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo isleños perdieron de tajo casi el 55% de su territorio marítimo. Les dolió en el
alma, porque el mar es el cimiento sobre el que construyeron su identidad.

Es en estos momentos cuando el concepto de identidad se desplaza hacia el de independencia; porque, para los raizales más radicales, tener una religión, una lengua y un folclor propios, así como un territorio ubicado en la periferia –dada la concepción centralista del Estado colombiano–, son motivos suficientes para ser autónomos.

Según la profesora raizal Johannie James Cruz, directora de la Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, en las islas nunca ha muerto esa idea. Agrega que la religión juega un papel crucial, pues son los pastores quienes más agitan la bandera de la autodeterminación administrativa. Y, en el Archipiélago, las iglesias protestantes tienen una voz que es bastante obedecida por la comunidad.

El sentirse más sanandresanos que colombianos se exacerba en los isleños cada vez que un nuevo colono continental o “paña” –como los llaman los raizales– echa raíces en el reducido espacio terrestre de la isla. De hecho, San Andrés es la isla más densamente poblada del Caribe, con unos 2.200 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, se estima que por cada tres nativos hay siete “pañas”, la mayoría llegados de la región Caribe colombiana. Es una dinámica migratoria que arrincona, cada vez más, el folclor y la identidad local y que pone en aprietos la sostenibilidad ambiental y la convivencia social.

LA U.N. EN EL CARIBE ASESORÓ PLAN DE DESARROLLO PARA SAN ANDRÉS

Sania Salazar Gómez,
Unimedios

La investigación que la Universidad Nacional de Colombia ha adelantado en el Archipiélago y la formación posgradual que muchos de los funcionarios de las instituciones públicas han recibido en la Institución han sido vitales para formular políticas públicas y el Plan de Desarrollo vigente.

MARES EN CRISIS

Leidy Castaño,
Unimedios

Los mares de Colombia están entre los más enfermos del mundo. Así lo revela el reciente Índice de Salud de los Océanos, que valora diez variables que van desde la pesca artesanal y la preservación ambiental hasta el turismo. El conocimiento acumulado en la UN en el Caribe es un insumo imprescindible para cambiar ese panorama.

Ambos [océanos] comparten cuatro grandes amenazas, las mismas que en el resto del mundo. La primera es la sobrepesca –la más preocupante–; le siguen la contaminación, el cambio climático, las bioinvasiones (por ejemplo, la del pez león) y, por supuesto, el deterioro del hábitat (a causa del turismo y la urbanización).

En Cartagena, por ejemplo, en donde hubo un gran manglar ahora se ven grandes edificios. “Se acaba con lugares naturales que son fundamentales para la captura de carbono. Es ilógico extinguirlos, pero, otra vez, es un asunto de desconocimiento. Hace
setenta años no sabíamos qué hacer con los manglares, eran focos de mosquitos, de malaria, sitios inestables. Por eso, hubo políticas para tumbarlos y volverlos terrenos productivos. Pero, por eso mismo, en esta variable obtuvimos 51 puntos, frente al promedio mundial de 71”, puntualiza.

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