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COMENTARIOS DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS ECONÓMICAS SOBRE EL DOCUMENTO VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO
Segundo borrador preparado por la Comisión sobre Problemas del Desarrollo *
CONTENIDO
1 - Introducción 2 – Poca importancia del mercado interno y su componente fundamental: El consumo de los hogares 3 – En lugar de un creciente Estado «asistencialista», una política estatal activa de redistribución del ingreso 4 – Un desbalance macroeconómico 5 – Un mayor desempleo «implícito»
1 – INTRODUCCIÓN
La lectura de este documento, preparado por el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, y que presenta una mirada prospectiva que llega hasta el año 2019 sobre aspectos económicos y sociales fundamentales de la sociedad colombiana, permite decir que por fin el DNP salió del «cortoplacismo» y la tarea de vigilante de la ejecución de la política y el gasto públicos a que se había dedicado casi en forma exclusiva durante las últimas décadas y recuperó la función para la que fue creado: ayudar a «soñar» la Colombia del futuro.
Porque planificar es «soñar», cualidad que sólo tenemos los seres humanos. Como se lee en la propuesta, en razón de que la economía de mercado y la democracia son condiciones necesarias pero no suficientes para alcanzar resultados sociales significativos, debe verse al crecimiento económico sólo como un medio para mejorar la calidad de vida y avanzar en el bienestar de la población, y no como un objetivo en si mismo, al tiempo que hay que reconocer que la solución de los problemas sociales depende no tanto de los recursos cuanto de la voluntad política y la capacidad institucional. (Visión Colombia II Centenario, p. 9).
Ese mismo documento plantea dos principios rectores y cuatro grandes objetivos, con los que se está, en principio, de acuerdo, aunque en la correspondencia entre estos planteamientos teóricos y la realidad de la política gubernamental y los resultados obtenidos en los últimos años hay observaciones de fondo.
Los principios rectores son:
a) Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en la libertad, la tolerancia y la fraternidad, y
b) Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad social.
Y los cuatro grandes objetivos por alcanzar son los siguientes:
1) Una economía que garantice mayor nivel de bienestar;
2) Una sociedad más igualitaria y solidaria;
3) Una sociedad de ciudadanos libres y responsables, y
4) Un Estado al servicio de los ciudadanos.
Desde el campo científico que compete a nuestra Academia, llama la atención que se proponga como ideal ético un «modelo socioeconómico sin exclusiones», sin que en ninguna parte del documento se plantee que ello requiere cambiar el «modelo» vigente y que ha hecho de Colombia una sociedad excluyente, por antonomasia, como diversos analistas y centros de investigación lo han comprobado, sin que ello niegue que puede tener aspectos positivos, según la perspectiva con que se le mire, tal como ha ocurrido con la reducción de la inflación (incremento de los precios al consumidor) y la relativa estabilidad monetaria, resultados que se adjudican al nuevo banco central autónomo. De otro lado, parece imposible conseguir los grandes objetivos propuestos sin que medien transformaciones sociales y políticas sustanciales en la sociedad colombiana. No es posible que ahora el desarrollo tenga como finalidad el bienestar de la población, sin que cambien los supuestos de la política gubernamental, que no ha tenido como propósito fundamental mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los colombianos, sino más bien la llamada «estabilidad macroeconómica», que muchas veces acarrea altos costos sociales.
Pero mientras en la parte inicial del documento de Planeación Nacional, que contiene los cálculos económicos, prima la visión de la «estabilidad macroeconómica», con una sociedad en la que es suficiente el crecimiento económico, en capítulos posteriores, que abordan los aspectos sociales y políticos, se reconoce “el carácter relativamente excluyente del sistema político” (página 291) y que “una sociedad como Colombia también requiere que sus ciudadanos actúen en la construcción de ciudadanía, en el cumplimiento de las normas, en la creación y consolidación de relaciones sociales basadas en la confianza, la tolerancia y el respeto a los demás”. (página 276). Como es evidente, entre estos componentes del documento hay contradicciones que no pueden ocultarse.
Sin duda, el «modelo» utilizado durante los últimos lustros ha limitado o constreñido, antes que estimulado, un crecimiento económico sostenido y apreciable, en especial cuando se compara con lo alcanzado durante las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado, al tiempo que dificulta la acumulación interna y las posibilidades de crear empleo digno y propicia una mayor concentración económica y desigualdad social, lo que reduce la capacidad de consumo de la población. Sin duda, falta un balance amplio, que contemple muy diversos factores, sobre las bondades y defectos de dicho «modelo».
Para esta sana controversia académica, es importante que el presidente Uribe Vélez haya planteado en el prólogo que con la propuesta se espera “comenzar un fértil proceso de discusión” que lleve a una “visión de Colombia que deberá ser, no de gobierno, sino de Estado”. Incluso creemos que debe ir más allá: ser la visión de una nueva sociedad para Colombia, como compromiso nacional para la tercera centuria. No obstante, hay que señalar que el gobierno no tuvo en cuenta la participación del mundo académico, incluidas las universidades, en la preparación del documento y parece que optó, más bien, por el mecanismo de utilizar consultores privados, cuando el conjunto de las Academias de Ciencias, reunidas en el Colegio Máximo, tienen, por ley, la condición de órganos de consulta del Estado.
Después de leer la versión inicial, presentada por el presidente Uribe Vélez el 7 de agosto de 2005, saltan a la vista dos «descuadres» sobre lo cuantitativo, aunque ello no niega la importancia de los factores en que recaen, y dos preocupaciones de mayor fondo.
Pero antes de presentar los aspectos circunstanciales y las preocupaciones de fondo, debe recordarse que desde abril de 2004 se inició en el seno del Colegio Máximo de Academias de Ciencias de Colombia la discusión, por iniciativa de su presidente, el doctor Jaime Posada, sobre la vinculación de las academias a la celebración del bicentenario de la Independencia de Colombia, conmemoración que debe iniciarse en julio de 2010, con los doscientos años del Grito de Independencia en Santafé de Bogotá, y concluirse en agosto de 2019, con el recuerdo de la batalla de Boyacá, culminación de la gesta independentista.
En esa reunión, el vicepresidente de nuestra Academia sugirió que las academias, además de mantener la memoria histórica hasta la más remota etapa precolombina, y comprometerse con su análisis, deben preocuparse por el futuro de la Patria. Por tanto, propuso por escrito que se debía trabajar por un Propósito Nacional: Erradicar la miseria y duplicar el ingreso real de los hogares para el bicentenario de la batalla de Boyacá. Tal propósito sería, al mismo tiempo, la principal forma de participación de Colombia en el cumplimiento del primero y quizá el más importante de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por la mayoría de los jefes de Estado y de gobierno del mundo en reunión cumbre de las Naciones Unidas en 2000, y en la nueva Alianza Mundial contra el Hambre, propuesta por el presidente Luiz Inácio da Silva del Brasil, al iniciarse la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2004.
En la propuesta sobre un Propósito Nacional se insiste en vincular la pobreza, que conlleva una crónica baja capacidad adquisitiva de la mayoría de los hogares colombianos, con la dificultad para lograr un crecimiento económico apreciable y sostenido, y que en el fondo de esta situación se encuentra como razón fundamental la exagerada concentración del ingreso y la riqueza que ha padecido Colombia durante su historia. Su solución exige una política estatal activa de redistribución del ingreso, sin que ello suponga acciones estatales de confiscación o expropiación de bienes o rentas habidos conforme a la ley. En la práctica, en Colombia se le niega a la mayoría de los hogares el derecho elemental al consumo de lo que les permite una vida digna. Este derecho es hoy uno de los más importantes componentes del concepto moderno de libertad y, por consiguiente, de desarrollo humano.
Antes de formular las observaciones de fondo, hay que adicionar algunos comentarios que son pertinentes en el sentido de poder incorporarlos como propuestas sujetas a discusión, tanto en el mundo académico como con las entidades estatales que les interese, como es el propósito general de este documento. Si bien más adelante se plantea el interrogante de cuál debe ser el ritmo de crecimiento económico más conveniente para desarrollar los principios rectores y cumplir los objetivos generales, cualesquiera que sea la tasa anual promedio escogida, falta en Visión Colombia II Centenario una definición más precisa sobre política de precios y su papel en el comportamiento esperado de los grandes agregados económicos, sobre todo en asuntos tan importantes como la remuneración real de los trabajadores, tasa de interés, precios relativos entre producción primaria y secundaria, bienes transables y no transables y tasa de cambio, entre otros, teniendo en cuenta que la última es determinante para estimar las balanzas de comercio exterior y de movimiento de capital y que en su fijación es fundamental establecer que tipo de equilibrio se requiere y que punto de referencia se toma para su paridad. En algunos medios se considera que es necesario un tipo de cambio real positivo para que el ritmo de crecimiento sea sostenible y no sobrevenga una desaceleración, que hoy puede ser más crítica que la ocurrida en la segunda parte de la década anterior.
También en el documento del DNP no es clara la estrategia para llegar al 2019 sin los grupos armados ilegales que hoy tanto afectan el desempeño económico, en especial los que se financian con la producción y comercialización ilícita de drogas adictivas, pues su eliminación no es sólo un problema de fortaleza militar. Está de por medio una realidad económica que escapa al control del gobierno: la diferencia entre el precio de exportación desde Colombia (lo que podría llamarse su precio FOB) y el precio para el consumidor final (que estaría compuesto por el precio CIF más el costo de distribución en el país de destino) es tan alta (se calcula que puede estar entre 10 y 20 veces), que mientras exista será un estímulo permanente para su producción, con todo lo que ello acarrea de costos económicos, sociales y políticos, por la violencia y criminalidad que conlleva.
Pero reconocer esta realidad no impide hacer preguntas cruciales: ¿Si otros países también tienen las «ventajas comparativas» de Colombia para producir y exportar drogas ilícitas, porqué allí no se ha desarrollado tan perjudicial «industria»? ¿No influirán en esta situación, condiciones estructurales de la sociedad colombiana que deben erradicarse antes de lograr una solución? El expediente de ver todo lo que rodea a esta exportación ilegal, incluida desde hace algunos años su vinculación con la guerrilla, como un «factor externo o exógeno», puede facilitarle a la clase dirigente colombiana no hacerse estas preguntas, pero dificulta la búsqueda de las respuestas, pues éstas suponen algo más que ampliar y profundizar la política de «seguridad democrática». Puede decirse que Visión Colombia 2019 no presenta un plan o alternativas reales para acabar con el narcotráfico y sus secuelas.
Incluso el hecho de que la guerrilla haya durado más de cuarenta años sin derrocar el régimen, podría verse como una fortaleza estatal o institucional para impedirlo, como lo deja entrever Visión Colombia 2019, pero también como una debilidad, ya que ha sido imposible derrotar la subversión durante tan largo lapso. Ocultar los «factores internos o endógenos» puede llevar a pensar que sólo se requieren nuevas políticas gubernamentales para lograr un país diferente, cuando lo necesario serían reformas sustanciales que comprometan a toda la sociedad, como lo plantea nuestro documento.
2 – POCA IMPORTANCIA DEL MERCADO INTERNO Y SU COMPONENTE FUNDAMENTAL: EL CONSUMO DE LOS HOGARES
En cuanto a las preocupaciones de mayor envergadura, la primera tiene que ver con el mercado interno, el que a su vez depende bastante del consumo de los hogares, pues todo muestra que Visión Colombia II Centenario le da una excesiva importancia al mercado externo, desestimando a veces el consumo doméstico, sin que ello signifique que neguemos la necesidad de incrementar y diversificar las exportaciones.
Como se lee en Visión Colombia II Centenario, se le “presta especial atención a la importancia de consolidar el mercado externo colombiano con base en el desarrollo de sectores de gran potencial. (…) El incremento de la producción tiene que realizarse especialmente para los mercados externos. (…) El crecimiento de las exportaciones es fundamental para aprovechar los inmensos recursos que el país posee, incluyendo los recursos naturales, cuya explotación no es factible ni rentable si se realiza para el mercado interno”. (páginas 12 a 14). Pero la necesidad de elevar el peso relativo de la demanda externa, no puede llevar a ver que la estrechez del mercado interno, debida en lo fundamental al subconsumo de millones de hogares, es una debilidad permanente, con la que no queda más remedio que convivir. Al contrario, la superación de esta debilidad con el incremento del ingreso disponible de los hogares, en especial de los pobres y en indigencia, debe verse como una oportunidad para crecer de manera apreciable y sostenida en el futuro. Esta es otra idea que aporta nuestra Academia para la discusión y su eventual implementación como política gubernamental.
En este marco, no puede desconocerse que el consumo de los hogares se recuperó de manera significativa durante 2004 y 2005, pues mostró para el bienio una tasa promedio de crecimiento algo superior al 5%, pero diversos analistas y centros de investigación insisten en señalar que este crecimiento está concentrado en los hogares acomodados y ricos, en especial en bienes duraderos de costo medio y alto como vehículos y artículos electrónicos, con fuerte peso de las importaciones, siendo poco el beneficio para los hogares pobres y en indigencia.
De otro lado, si bien es importante aprovechar “las ventajas que ofrece la zona ecuatorial e intertropical a la agricultura colombiana”, la estrategia exportadora no puede centrarse casi de manera exclusiva en bienes del sector primario, así tengan gran potencial productos como plátano, palma africana, tabaco rubio, yuca, papa, cacao, biocombustibles y frutas como uchuva, bananito, limón Tahití, maracuyá y pitahaya, como se menciona en Visión Colombia II Centenario (pp. 151 y siguientes). Este planteamiento ya se había formulado en el Plan Colombia durante la administración Pastrana Arango. Además, algunos de estos productos corresponden a proyectos que se desarrollarían en zonas cuyos propietarios han sido víctimas de masacres y «expropiaciones» violentas por grupos de autodefensas de derecha.
Por tanto, el papel del mercado externo en el desarrollo del país tiene que asentarse en la exportación de productos provenientes de procesos más complejos, que suponen una re-industrialización, así como de servicios modernos, todos con mayor valor nacional agregado. Es necesario integrar mejor al desarrollo futuro del país la riqueza con que cuenta en los dos océanos que bañan sus 3.000 kilómetros de playa, su estratégica posición geográfica y su inmenso potencial en biodiversidad. Hay que aprender de países que han salido rápido de la pobreza y el atraso con propuestas innovadoras y audaces en cuanto a nuevos renglones de producción, como Japón, Corea del Sur e Irlanda, para sólo mencionar algunos.
Pero mientras Visión Colombia II Centenario proyecta un incremento de las exportaciones al 8,7% anual, es posible esperar que crezcan a mayor ritmo: 9,5% anual, como resultado de una inserción inteligente en el mercado mundial, tal como se considera en el anexo No. 1, en la parte correspondiente a propuesta Propósito Nacional. No obstante esta mayor importancia, la principal estrategia de crecimiento debe asentarse en el mercado interno, sobre todo en el consumo de los hogares, pues éste representa hoy más del 50% de la demanda total, mientras el mercado externo (exportaciones) está por debajo del 20%, como se desprende de las cifras mostradas en ese anexo. Sobre esta base, si el consumo de los hogares crece al 6% anual, en promedio hasta 2019, como se propone en el documento Propósito Nacional, ya citado, el nuevo consumo de los hogares al final de los 15 años se acercaría a 226 billones, pues pasaría de 161 billones en 2004 a 387 billones en 2019; en cambio, Visión Colombia II Centenario calcula un incremento del consumo de los hogares de apenas 4,8% anual, lo que llevaría su monto de 161 billones en 2004 a sólo 326 billones en 2019, una diferencia de más de 60 billones si el crecimiento fuese al 6% anual, como también se aprecia en tal anexo.
Mientras tanto, las exportaciones aportarían sólo 142 billones (de 49 billones a 191 billones en el mismo lapso), apenas algo más del 60% de lo que aportarían los hogares, a pesar de crecer a mayor velocidad; el restante 30% corresponde al consumo de la administración pública, una demanda adicional de casi 13 billones, y a la inversión bruta (FBKF), 109 billones al final de los 15 años estudiados. (Pesos constantes de 2004).
Incluso en apartados de Visión Colombia II Centenario que no corresponden a la prospección macroeconómica, se expresa una opinión distinta sobre el mercado interno. Así, por ejemplo, al hablar de un «modelo empresarial competitivo» se plantea la necesidad de “expandir el mercado doméstico, incorporando la población excluida por sus bajos ingresos a la demanda de bienes y servicios y a la oferta de factores productivos, especialmente trabajo…” Y más adelante se afirma: “Colombia aún no conquista el territorio nacional; parte de éste no está integrado al proceso colectivo de producción y crecimiento; de hecho, la población con menores ingresos no cuenta con las capacidades para aportar a dicho proceso: Un esfuerzo en este sentido equivaldría a duplicar el tamaño actual del mercado interno”. (páginas 140 y 144).
Más aún, el propio presidente Uribe Vélez dice en el prólogo que “el ensanche del mercado interno dependerá del éxito en la erradicación de la pobreza que incluya como sujetos dinámicos de la economía a los compatriotas excluidos”. Este debe ser uno de los objetivos principales de los próximos gobiernos. Por tanto, se sugiere que Planeación Nacional replantee su concepción sobre el mercado interno e incorpore su expansión y diversificación como otra estrategia fundamental de crecimiento económico y desarrollo humano, para avanzar hacia el Estado social de derecho que todavía no disfrutan la mayoría de los habitantes de Colombia.
Como se supone que buena parte de la demanda adicional para consumo e inversión domésticos debe atenderse con producción nacional, lo que a su vez genera empleo y, por consiguiente, ingreso para los hogares de los trabajadores, hay que adicionar a esta Visión un análisis sobre la vulnerabilidad de la producción nacional de bienes y servicios (sectores primario, secundario y terciario) ante la eventual firma de uno o más tratados de libre comercio o acuerdos similares, con distintos países o zonas geográficas. Así mismo, identificar las ramas y renglones en donde es menor la competitividad de la oferta colombiana, las razones de esta situación y las alternativas de solución, si las hay, y qué debe hacerse al respecto. Incluso la competencia podría provenir no sólo de países ricos, de estructura productiva moderna con alta productividad, sino de países similares, como Brasil y Argentina, por factores que favorecen su competitividad. También para estimular la producción nacional, habría que hacer estudios más profundos y detallados de cruce entre la oferta y la demanda efectivas, utilizando para ello instrumentos como el conocido coeficiente de penetración de importaciones, ya que éste al medir la relación de las importaciones respecto al consumo aparente, ayuda a identificar si avanza y retrocede la vulnerabilidad de la producción nacional. Como apoyo para varios de los aspectos mencionados en este párrafo puede recurrirse a otro trabajo que adelanta de manera simultánea el DNP y que se conoce como la Agenda Interna.
3 – EN LUGAR DE UN CRECIENTE ESTADO «ASISTENCIALISTA», UNA POLÍTICA ESTATAL ACTIVA DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
Mientras la preocupación anterior radica en la poca importancia que se concede al mercado interno, en especial al consumo de los hogares, ésta se refiere a la importancia desbordada que puede adquirir el Estado en la disminución de la pobreza y la indigencia si el principal medio que se utilizaría fuese el incremento de los subsidios estatales. Diciéndolo de otra manera, esta segunda preocupación de fondo tiene que ver con la relación entre pobreza y miseria, la finalidad social del Estado y la distribución del ingreso. Visión Colombia II Centenario propone disminuir la pobreza de 53% (cifra de Planeación Nacional en el momento de elaborar el documento, pues otras entidades consideran que el nivel de pobreza es mayor) a 20% en 2019, o sea una disminución relativa del 62%, mientras el índice Gini disminuiría de 0,56 a 0,48 en el mismo lapso, es decir, una reducción relativa de 15%. (Véase anexo No. 2).
Las preguntas que surgen de inmediato son: ¿Es posible reducir de manera tan apreciable la pobreza y la miseria, sin que mejore también de manera significativa la distribución del ingreso?
Al respecto podría decirse: Si hay países que tienen un Gini por debajo de 0,40, y en algunos del norte de Europa es inferior a 0,30, y muestran niveles de pobreza que superan el 15%, ¿cómo es posible lograr las metas señaladas en el documento? Según dice Visión Colombia II Centenario la “principal estrategia para disminuir la pobreza y la desigualdad es la consolidación del Sistema de Protección Social”, que tiene como objeto “proteger a la población más pobre y vulnerable, mediante el desarrollo de instrumentos de prevención y asistencia social”. (página 240). Es decir, la reducción de la pobreza y la desigualdad no sería un compromiso nacional, de toda la sociedad, sino responsabilidad casi exclusiva del Estado, en especial de gobierno nacional, pues todo indica que el sistema de protección social se financiaría, en lo fundamental, con recursos de transferencia del presupuesto nacional. Por tanto, otra pregunta es: ¿De dónde saldrán estos recursos, si en la actualidad el gobierno nacional muestra un cuantioso y permanente déficit presupuestal y sus ingresos se financian apenas en más de 55% con impuestos, de los cuales casi 60% son indirectos, bastante regresivos por su propia naturaleza, llegando ya a casi el 40% el endeudamiento, del cual el 70% es crédito interno, y sólo un poco más del 5% son otras fuentes?
Para agravar la situación, la política de seguridad democrática, adelantada en concordancia con el gobierno estadounidense, exige un gasto militar enorme, lo que restringe las posibilidades de invertir en seguridad social. Igual efecto puede tener la firma de tratados de libre comercio con diferentes países o bloques regionales, pues el mismo DNP considera que su puesta en marcha reducirá los ingresos fiscales, al tiempo que podrán tener un impacto negativo en el empleo y en algunas ramas y renglones de la producción, en especial agropecuaria. En igual restricción redundaría la anunciada entrega de subsidios compensatorios para los «perdedores».
Si bien nadie niega la importancia de contar con una solidaridad social eficaz y sostenible, el cumplimiento de tal estrategia enfrenta el peligro de un aumento continuado de la cultura de «pobrería», esto es, de que cada vez una mayor parte de la población quiera calificar como pobre, para que el Estado providencial le suministre ojala todo subsidiado, lo que llevaría a un incremento insostenible del gasto social estatal. Diciéndolo de otra manera, esta modalidad estimula más bien un tipo de cultura de la pobreza, que busca el camino fácil de los subsidios para sobrevivir, sin que ello impida reconocer que la posesión de carnés de sistemas de identificación de beneficiarios de subsidios, como el Sisbén, ha significado para millones de colombianos mayor facilidad para ejercer derechos sociales, como a la salud y a la educación, postergados por generaciones.
Entre 1990 y 2004 el gasto público social, como proporción del PIB, aumentó del 3,7% al 8,1% (Visión Colombia II Centenario, página 222), lo que en pesos constantes de 1994 significó pasar de casi 2.054 millones a un poco más de 6.737 millones, para un incremento real durante estos catorce años del 228%. No obstante, debe tenerse en cuenta que entidades como la Procuraduría General y la Contraloría General han cuestionado estas cifras, pues argumentan que dentro del gasto social se incluyen partidas que en realidad no corresponden a la finalidad social del Estado. Además, se sabe que buena parte de los recursos destinados para salud, asignados tanto por los presupuestos estatales como por los «bolsillos» de los particulares, terminan como ganancias del capital financiero, propietario de la mayoría de las empresas aseguradoras y prestadoras de servicios en salud creadas por la ley 100 de 1993.
Aunque a partir de la Constitución de 1991 ha aumentado de manera apreciable el gasto público social, pues como acaba de verse se multiplicó por casi 3,3 veces entre 1990 y 2004, la evidencia muestra que la forma más aguda de la pobreza, o sea por ingresos o LP, casi no responde al gasto social, lo que si ocurre con la pobreza por necesidades básicas insatisfechas –NBI-, más susceptible al gasto público. Así, mientras el nivel de la pobreza por ingresos (LP) cambió poco en ese lapso, manteniéndose por encima del 50%, la pobreza por NBI disminuyó de casi 40% a un poco más del 20%. Por tanto, no puede esperarse una reducción sustancial de la pobreza sobre la base de mayor gasto social traducido en creciente «asistencialismo», sin que esto signifique eliminar el gasto social, sino usarlo con mayor eficiencia y eficacia. Este resultado podría llevarnos a proponer que en lugar de recurrir al Estado «asistencialista» para aliviar la pobreza sería mejor lograr una redistribución equitativa del ingreso nacional, sobre la base de un compromiso nacional.
Como se ha demostrado por diversos medios, la pobreza, el subconsumo y el hambre que padecen más de seis millones de hogares, de los cuales la tercera parte está en la miseria, tiene como una de sus principales causas la alta concentración del ingreso que hemos padecido en toda nuestra vida republicana y que puede decirse es una herencia colonial. En consecuencia, debe haber un compromiso nacional para que la reducción de la pobreza se haga con base en una política estatal activa de distribución del ingreso, la que debe tener como componente esencial la creación de empleo formal y otras formas dignas de ingreso.
Por eso, como se vio más atrás, se propone que el consumo de los hogares crezca por lo menos al 6% anual, para duplicarlo, en términos per cápita, en los 15 años, y que el coeficiente Gini disminuya mínimo a 0,40, al tiempo que en la distribución primaria del ingreso la participación de los asalariados aumente hasta el 40%, por lo menos. Con este aumento, la remuneración promedio, en valores constantes de 2004, por persona ocupada en empleos dignos (formales) pasaría de 7,6 millones en 2004 a 10,9 millones en 2019, para un mejoramiento acumulado del salario real del 2,5% anual. Aunque el consumo de los hogares como proporción de la demanda total disminuye en los dos ejercicios (véase anexo No. 1), la remuneración como proporción del consumo de los hogares aumentaría del 55,6% en 2004 a 65,5% en 2019. (Véase la distribución primaria estimada del ingreso en el anexo No. 3).
Diciéndolo con otras palabras, el crecimiento relativo del ingreso disponible de los hogares debe ser diferenciado; el mayor ritmo debe corresponder a los hogares en miseria, más pausado sería el incremento para los hogares en pobreza y menor aún para los hogares ricos y acomodados. Sólo es posible corregir situaciones de desigualdad con una distribución desigual, sin que esto signifique que las personas acomodadas y ricas se empobrezcan.
4 – UN DESBALANCE MACROECONÓMICO
Después de comentar estos aspectos que son de fondo, puede decirse algo sobre las otras dos diferencias encontradas, que si bien son de forma y, por tanto, pueden subsanarse de manera más fácil, no dejan de ser importantes pues se refieren a agregados macroeconómicos sustanciales.
En primer lugar, cuando a la oferta y demanda finales de 2004 se aplican las tasas anuales de crecimiento proyectadas por el DNP para el Producto Interno Bruto –PIB- por componentes de oferta y demanda –tablas 3.1 y 3.2, pp. 121 y 124, de Visión Colombia II Centenario-- aparece que en 2019 habría una abultada diferencia entre demanda y oferta, siendo la demanda mayor en casi 24 billones de pesos de 2004, cuando se supone que por metodología contable deben ser iguales.
Como en el documento no aparecen los balances de oferta y demanda de principio y fin del período, no está claro en donde puede encontrarse el error o la causa de este «descuadre». Tal desbalance es casi imposible de ajustar con una disminución de la demanda, pues el único rubro que podría asumirla sería el consumo de los hogares, lo que sería un contrasentido social. Por tanto, si se supone que se hace por el lado de la oferta, el PIB debería incrementarse a una suma que elevaría su tasa de crecimiento del 5,26% indicado en el documento del DNP a no menos de 5,55% anual, llegando su valor, al recalcularse, a casi 576 billones de pesos de 2004, en lugar de 552 billones, como puede verse en los renglones 1 y 2 del anexo No. 1.
En el documento ya citado y que por economía de espacio se le llama en estos comentarios sólo Propósito Nacional, para duplicar el PIB per cápita la economía debe crecer a una tasa anual promedio no inferior al 6,3%, lo que supone crecimientos mayores para el final del lapso, dado que todavía no se alcanza esa tasa. Esfuerzo considerable pero no imposible, como lo muestra el ejemplo de períodos anteriores en Colombia y de otros países hoy. Al aplicar la tasa prevista por el DNP, el PIB per cápita aumentaría en 76% durante los 15 años, pero si se hace el ajuste mencionado por el lado de la oferta (aumento del PIB), tal incremento llegaría al 84%, lo que tampoco permitiría duplicar el PIB per cápita, que es lo mínimo que puede pedirse a los agentes económicos para celebrar el bicentenario de la Independencia. En este caso el PIB per cápita pasaría de un poco más de 5,6 millones en 2004 a casi 10,4 millones en 2019 (pesos de 2004), con un incremento del 4,1% anual, en tasa acumulativa, mientras en el ejercicio de Propósito Nacional se partiría de la misma cifra en 2004 pero se llegaría a casi 11,5 millones en 2019, para un incremento anual geométrico de 4,8%. (Véanse tales cifras en el anexo No. 1).
De otro lado, según el DNP el consumo de los hogares (consumo privado) crecería al 4,8% anual, lo que haría que el consumo de los hogares per cápita sólo aumentaría en 65% durante el lapso. En Propósito Nacional se asume el reto de que el consumo de los hogares crezca al 6% anual en promedio, como ya se vio atrás, lo que supone un incremento apreciable en el ingreso disponible de los hogares, pero que es condición sine qua non para mejorar la calidad de vida y avanzar en el bienestar de la población, sin que ello dependa de un crecimiento insostenible del Estado «asistencialista». El consumo de los hogares, en medición per cápita, se elevaría en el caso del DNP de algo más de 3,5 millones en 2004 a casi 5,9 millones de pesos de 2004 en 2019, un incremento del 3,4% anual acumulativo, mientras en Propósito Nacional llegaría a casi 7 millones, partiendo de la misma cifra en 2004, para casi duplicarse, con una tasa anual geométrica de crecimiento de 4,6%. (Véanse los valores absolutos en el anexo No. 1).
Como se observa en el anexo No. 1 en otros rubros también difieren las tasas previstas en los dos ejercicios. Si bien casi coinciden en importaciones, lo que muestra que hay una similar percepción sobre el efecto de la apertura comercial, en exportaciones el ejercicio de Propósito Nacional considera un mayor crecimiento que Visión Colombia, pues le asigna más posibilidades a una inserción inteligente en el mercado mundial. En cambio, en inversión total (FBKF) y consumo de la administración pública la percepción es de una menor expansión en Propósito Nacional, aunque con tendencias parecidas: a disminuir el gasto público y a aumentar la inversión, respecto a los años anteriores a 2004.
Es importante precisar los sectores en donde es necesario o indispensable elevar la productividad, y los medios para hacerlo, pues tanto en Visión Colombia como en el ejercicio alternativo que se ha utilizado en estos comentarios, está implícita una elevación de la productividad. En el caso de Visión Colombia se supone que la demanda total crecerá al 5,9% anual durante todo el período, pero la población ocupada lo hará al 2,1% anual, si se tiene en cuenta el cuadro 3.1 o al 2,7%, con el supuesto de alcanzar un desempleo del 5% en 2019 (véase anexo No. 1). En el caso de Propósito Nacional la demanda total crecerá al 6,5% anual y la población ocupada al 2,6% anual; esto implica un crecimiento promedio de la productividad total (PIB/Población ocupada) del 3,5% anual.
5 - UN MAYOR DESEMPLEO «IMPLÍCITO»
La otra observación formal recae sobre la población ocupada en 2019, para lo cual el DNP parte de dos datos predeterminados:
Un crecimiento esperado de la población activa –PEA- del 2,2% anual y una tasa de desempleo –TD- para el final del periodo de 5%. (página 122).
Si como punto de partida se toman los datos promedios que para 2004 presentó el DANE, la PEA pasaría de un poco más de 20,1 millones de personas en 2004 a una cifra superior a 27,9 millones en 2019; si la TD es del 5%, los desempleados no pueden pasar de 1,4 millones en 2019, lo que «obligaría» a que la población ocupada –PO-, por sólo diferencia (27,9 millones menos 1,4 millones), no fuese inferior a 26,5 millones, como puede verse en el anexo No. 4.
Pero en Visión Colombia --cuadro 3.1, página 122-- aparece para 2019 una PO de 24,1 millones, quedando un «déficit oculto» en la ocupación prevista de 2,4 millones de personas (26,5 millones menos 24,1 millones), lo que haría elevar la TD «implícita» a más del 13%, como puede verse en la última línea del anexo No. 4, situación muy similar a la existente en 2004.
Por tanto, para que se mantenga el desempleo en el 5% al final del período, es indispensable que la PO llegue a 26,5 millones en 2019, lo que exige un mayor esfuerzo de creación de empleo respecto a lo que se desprende del cuadro No. 3.1 de Visión Colombia, que supone una tasa de crecimiento de la población ocupada de 2,1% anual, en tasa geométrica, cuando otros cálculos estiman ese crecimiento en 2,6% anual, para poder disminuir el desempleo al 5%.
Según una corrección entregada luego por el DNP, la PO en 2019 llegaría a un poco más de 29 millones; si se mantiene la TD en 5%, el número de desempleados pasaría de 1,5 millones, pero la PEA estaría por encima de 30,5 millones, lo que daría, si no cambia la población en edad de trabajar, una tasa global de participación cercana al 83%, lo que parece una cifra muy elevada, pues con la proyección anterior llegaba a 75,6%, cifra muy parecida a la encontrada en otros ejercicios similares.
* Miembros de la Comisión: Académicos Consuelo Ahumada, Beethoven Herrera Valencia, Edgar Revéiz Roldán, Franciso Thoumi, Rubén Darío Utria y Julio Silva-Colmenares (coordinador). Esta versión incorpora las principales observaciones hechas por algunos miembros de la Academia en reunión plenaria del 5 de julio de 2006, previa presentación en diapositivas de los aspectos básicos del primer borrador de estos Comentarios.
ANEXO No. 1 – CAMBIOS ESPERADOS EN OFERTA Y DEMANDA TOTALES Billones de pesos de 2004
a/ Se aplican los incrementos porcentuales proyectados por el DNP en la tabla 3.2, página 124, en Visión Colombia II Centenario. El punto de partida para 2004 corresponde a información del DANE. b/ Miles de pesos de 2004. Cálculo efectuado con base en la población reportada por el DANE antes de conocerse el resultado del Censo 2005, que es la misma utilizada por el DNP en Visión Colombia.
Anexo No. 2 – VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO – METAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD
Anexo No. 3 – CAMBIOS ESPERADOS EN LA DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DEL INGRESO (PIB) a/
Anexo No. 4 – DNP VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO CAMBIOS ESPERADOS EN POBLACIÓN, EMPLEO Y DESEMPLEO *
Todas las citas de tablas, cuadros o páginas que se harán en estos comentarios, corresponden a la primera edición, agosto de 2005, del documento de Presidencia de la República y Dpto. Nacional Planeación, Visión Colombia II Centenario. Propuesta para discusión, 384 páginas, publicado por Editorial Planeta.
Silva-Colmenares Julio. Propósito nacional: Erradicar la miseria y duplicar el ingreso real de los hogares para el bicentenario de la batalla de Boyacá, marzo 2004-agosto 2005, 19 p. (Multicopia)
Teniendo en cuenta informes del Departamento Nacional de Estadística –DANE- sobre comportamiento agregado de la economía disponibles hasta mediados de 2005, |
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