20 DE JULIO DE 1810
¡DE LA INDEPENDENCIA A LA EMANCIPACIÓN!

DECLARACIÓN DEL BICENTENARIO

Al tiempo que entrega siete bases militares a la mayor potencia imperialista de la historia, el Estado colombiano llama a celebrar el bicentenario de la independencia nacional. Éste hecho absurdo y paradójico, es solo una muestra de las profundas contradicciones que han venido desgarrando a la nación colombiana desde sus orígenes, contradicciones que el proceso de Independencia no solucionó e incluso profundizó, y que son como grandes montañas que aplastan al pueblo colombiano. Éstas son:

La realidad es que nuestro pueblo, no ha saboreado ninguna “independencia”, ninguna “libertad”, ninguna “igualdad”, sino al contrario, la prolongación de viejos tormentos heredados de tiempos coloniales, sumados a los tormentos de la modernidad capitalista con su afán de lucro y devastación sin límites.

Al valorar los alcances y limitaciones de cualquier proceso emancipatorio, se debe tener presente que toda verdadera revolución se caracteriza por las relaciones de producción que destruye (relaciones caducas o atrasadas) y las fuerzas productivas que libera (fuerzas nuevas y progresivas). Como dijera Carlos Marx:

“Cuando se estudian las revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, es decir, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo” .

Es cierto que los procesos de independencia sacudieron el continente americano, movilizaron a millones de personas en guerras durante década y media, guerras que terminaron con la derrota del imperio español y la conquista de la independencia política. Sin embargo, la pregunta crucial es si estas revoluciones transformaron las viejas relaciones de producción impuestas por España, abriendo el camino a cambios más profundos en la estructura económica y social o, por el contrario, se limitaron al hecho político de la independencia formal y el establecimiento de repúblicas liberales con algunos cambios en la superestructura.
Veamos:

La revolución de independencia ignoró el derecho ancestral de los indios a la tierra y profundizó su servidumbre.

 Las caucherías

La revolución de Independencia no representó los intereses de los indios, aunque sí los movilizó y utilizó para la guerra. La independencia fue promovida y usufructuada por los criollos que formaban parte de la aristocracia terrateniente y esclavista. Una vez dueños del poder, los criollos conservaron intactos sus derechos feudales sobre la tierra y, por consiguiente, sobre los indios. El ideario liberal pretendió meter al país a la fuerza en el principio de que los hombres tienen que ser libres e iguales: para que los indios fueran libres se les quitó la tierra y para que fueran iguales se les trató como campesinos sin más. Esta política los ha exterminado como pueblos independientes. De hecho, la república continuó la expropiación violenta de tierras de resguardo, que pasaron a manos de terratenientes y comerciantes, expulsando al indio de sus territorios y aniquilando sus formas de gobierno, idioma y cultura. Como dice J. C. Mariátegui:

“A la República le tocaba elevar la condición del indio. Y contrariando este deber, la República ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La República ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras. En una raza de costumbre y de alma agrarias, como la raza indígena, este despojo ha constituido una causa de disolución material y moral” .

Esto reforzó el sistema de las haciendas, de tipo feudal heredada de La Colonia, que fue el sistema dominante en el campo hasta mediados del siglo XX (y que hoy subsiste mimetizado en el sistema de hacienda ganadera extensiva). Este sistema de despojo, se agravó con el interés capitalista por los territorios indígenas, en función de inversiones agroindustriales, mineras, energéticas o de infraestructura. Muchos pueblos indígenas consideran, correctamente, que el proceso de la conquista aún no ha terminado.

Capitalistas y latifundistas se han unido para reprimir la resistencia indígena con la ayuda del Estado republicano. Todas sus protestas han sido ahogadas en sangre, sangre de los pueblos y sangre de sus líderes. Un caso típico fue el desalojo del pueblo Embera Catío para dar paso a los megaproyectos energéticos de Urrá I y II, en el alto Sinú. Ante la inundación de sus territorios, el pueblo se vio obligado a desplazarse a las cabeceras municipales y el proceso de resistencia cobró la vida de numerosos dirigentes, entre ellos Kimy Pernía Domicó, cuyo cadáver fue arrojado por las hordas de Salvatore Mancuso al río Sinú (el mismo río por el que había luchado y al que ofrendó su vida). Pero no es el único caso: es incontable la lista de mártires indígenas que se ha cobrado la República.

Desplazados de sus territorios, los indígenas pierden su identidad y su cultura, se convierten en mendigos, en parias, en “memes”, a los cuales esquilman por igual blancos y mestizos, nacionales y extranjeros. El país les niega su condición de nacionalidades oprimidas, quiere asimilarlos a la “gran nación colombiana”, pero en cuanto los asimila, les niega el trato de iguales. Poco disimula su situación la Constitución de 1991, en realidad encubridora del genocidio. El balance de 200 años de vida republicana, es una verdadera tragedia para los indígenas: desaparición de pueblos enteros, disgregación y asimilación de otros tantos a la cultura dominante, urbanización forzada, desplazamiento cada vez más profundo hacia las altas cordilleras, selvas y zonas de frontera para escapar al exterminio. Hoy, los indígenas constituyen solo el 3% de la población nacional, con 32 pueblos que tienen menos de 500 personas, incluyendo 18 pueblos que tienen menos de 200 miembros y 10 que quedan con menos de 100 individuos. Y el genocidio continúa…

La revolución de Independencia no abolió la esclavitud del pueblo negro.

La revolución de Independencia prometió “igualdad” para todos los hombres, y en especial para los esclavos negros que lucharan junto a los patriotas. Sin embargo la esclavitud no fue abolida formalmente sino hasta 1851. Es conocida la posición de Alejandro Petión, el presidente negro de Haití (y antiguo esclavo), quién prestó ayuda a Bolívar con naves, armas y soldados, a condición de que liberara a los esclavos una vez triunfara la campaña libertadora (una idea que al “libertador” no se le había ocurrido). Bolívar incumplió su promesa y por el contrario, ni siquiera tuvo el coraje de firmar el reconocimiento diplomático del pueblo negro. Cuando convocó a las naciones americanas a la reunión de Panamá, no invitó a Haití… ¡pero invitó a Inglaterra!

De hecho, formas de producción esclavistas como el concierto forzoso y la matrícula , seguían vigentes 57 años después de la extinción de la esclavitud, “dejando apenas modificada la forma de organización del trabajo de esclavos en las haciendas estancias y otros sitios” . Estas haciendas no solo pertenecían a la tradicional clase terrateniente, sino que muchas fueron adquiridas por capitalistas extranjeros, franceses y norteamericanos. Ante la resistencia de los trabajadores, la República tomó muchas medidas represivas en defensa de los esclavistas; es el caso de la recuperación de tierras en Lomagrande (Córdoba) y su conocido “Baluarte Rojo”, que fue brutalmente reprimido por el Estado en 1921, dejando varios líderes muertos y otros deportados.

Dos siglos después, el pueblo negro, descendiente de esclavos y concertados, padece los mayores índices de pobreza en el país, ubicándose en las zonas más atrasadas, o desplazados violentamente a las grandes ciudades y hacinados en barrios miserables, como el Distrito de Agua Blanca en Cali, la mayor concentración de población negra del país con medio millón de habitantes. El caso de las comunidades negras del Bajo Atrato, desplazadas a sangre y fuego por el ejército y los paramilitares para dar paso a los proyectos agroindustriales de palma africana, es una continuación de la política de confiscación violenta de la tierra que empieza con la conquista. Al igual que con los indios, la nueva Constitución no garantiza la defensa de los territorios ancestrales, sino que el poder de facto del gamonalismo y el imperialismo se imponen para expropiarlos.

Bajo el capitalismo, el pueblo negro enfrenta los tormentos de la “esclavitud asalariada” sin haberse librado apenas del racismo y la discriminación. Como los indios, padecen no solo a causa de los vivos, sino también a causa de los muertos. Grupo étnico y clase social son, en nuestra América, variables estrechamente relacionadas.

La revolución de Independencia no erradicó la feudalidad: la profundizó.

Es un lugar común citar la influencia que tuvo la revolución francesa en el proceso emancipatorio latinoamericano. Si bien se enfatizan las similitudes, se omiten las  diferencias. La revolución francesa aplicó la política más radical que pudiera concebirse en su época para acabar con el feudalismo. No solo abolió la monarquía y estableció el régimen republicano; más importante aún, democratizó la propiedad entregando la tierra a millones de pequeños campesinos. En Estados Unidos se hizo otro tanto, repartiendo tierras a los inmigrantes que quisieran trabajarlas, poblando de paso el territorio y sentando una sólida base al desarrollo del capitalismo. En Latinoamérica se aplicó la política contraria: los grandes próceres, muchos de ellos terratenientes, se aprovecharon del poder para acaparar más tierras, tierras que no se cultivaban ni poblaban, consolidándose como una casta feudal terrateniente, que oprimió al indio, esclavizó al negro y enfeudó al campesino.

La República defendió estos privilegios a sangre y fuego Es bien conocido el caso de la “concesión Aranzazu” al oriente del río Cauca, entre los ríos Arma y Chinchiná, que incluía los territorios de cinco municipios incluyendo Manizales, que fue adjudicada por el rey español en 1801 a don José María Aranzazu y reclamada posteriormente por sus herederos . La República tomó partido por éstos en contra de los colonizadores, iniciando lo que sería la base del modelo colonizador, consistente en dejar que los colonos ampliaran la frontera agrícola tumbando monte e iniciando mejoras, para posteriormente desalojarlos alegando títulos de propiedad. Con este “modelo” los latifundistas han venido expandiendo sus propiedades a cargo de los colonos, configurando los latifundios de la región central del país y durante el siglo XX en los llanos orientales, la Amazonía, El Catatumbo y Urabá.

El latifundio ha impedido que los campesinos trabajen la tierra para su propio beneficio, evitando que se consoliden como clase y que pudieran producir un mayor volumen de alimentos y materias primas para la industria. Si la tierra fuera “de quien la trabaja”, se hubieran echado las bases para un mayor desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, una mayor movilidad de los trabajadores y un desarrollo creciente del mercado interior. Se hubieran fortalecido los lazos entre la ciudad y el campo, entre el sector agropecuario, la industria y los servicios. Pero el sistema semifeudal no entiende de productividad sino de rentas, no se basa en la aptitud sino en el abolengo. Esto ha impedido el desarrollo de una economía nacional que se base en las necesidades de la población y no en los apetitos de los terratenientes y el gran capital. Tal como funciona hasta ahora, el latifundio es una traba al desarrollo del país, un agente de despoblación en el campo y un factor de violencia siempre latente.

También en lo político, el latifundio encarna una postura regresiva. Sobre una economía semifeudal no pueden prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales. Así como la servidumbre y la esclavitud se perpetuaron en el latifundio, la democracia burguesa no prosperó en un ambiente dominado por terratenientes y caudillos militares. Surgió entonces un sistema despótico, caracterizado por la hegemonía de la gran propiedad territorial en la política y el mecanismo del Estado: el gamonalismo. Dicho sistema, ignora las libertades y derechos consagrados por las constituciones, se otorga privilegios, cobra impuestos, establece sanciones y arma ejércitos. Se arraiga en el siglo XIX y llega hasta nuestros días . La erradicación de los terratenientes como clase, hubiera significado remover una de las bases principales de la reacción social, el oscurantismo y el clericalismo, con el desarrollo de instituciones menos represivas que las existentes y una menor cuota de sangre para el pueblo.

La liquidación de la semifeudalidad es una tarea pendiente. En Colombia el 3% de los propietarios posee el 75% de la tierra y 35 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería. Solo 4 millones de hectáreas se cultivan, cuando el potencial agrícola del país es de 18 millones. El año pasado se importaron 9,8 millones de toneladas de alimentos y productos del agro. La solución a este problema sería el fraccionamiento de los latifundios y su entrega a los productores directos: campesinos, comunidades negras e indígenas. Pero en Colombia y América Latina, la llamada “reforma agraria” ha fracasado una y otra vez debido a que los terratenientes han bloqueado cualquier intento de reformar la estructura de la tenencia de la tierra. Con razón los campesinos dominicanos llaman a la reforma agraria en su país… “la reforma agria”.

La desigual tenencia de la tierra y su uso inadecuado, explica en buena medida los profundos abismos en términos de pobreza, los grandes desequilibrios económicos y las consiguientes desigualdades sociales, violencia política y alzamientos populares por todo el continente. Las guerrillas de izquierda y sus contrapartes de derecha (armados o desarmados), se encuentran ancladas al problema de la vieja fractura de posesión desigual de la tierra en el país y el continente. No hallarán solución al margen de este problema.

La independencia nos liberó de España… pero nos encadenó al imperialismo.

La ironía más grande de la independencia consiste en comprobar cómo, al tiempo que se expulsaba a los españoles por la puerta de enfrente, se metían los ingleses por la puerta de atrás. El poder estaba cambiando de manos, pero no eran propiamente las nuestras. La dominación fue reemplazada por otra más sutil, pero no menos dolorosa. La naciente república perdió rápidamente su independencia en las garras del neocolonialismo. Inglaterra era el primer interesado en la independencia americana, pues de esa manera rompía el monopolio comercial que España mantenía con sus colonias, asegurando un mayor mercado para sus productos y nuevas fuentes de materias primas. El imperio británico manejó muy hábilmente sus intereses contrarrestando la influencia francesa y norteamericana. Prestó a los patriotas armas, dinero y soldados, pero por razones muy distintas a las del presidente haitiano. En palabras del premier inglés de la época:

“De las cuatro potencias que pueden disputarse esta vasta presa, los Estados Unidos y Francia tienen interés en promover una insurrección contra la madre patria; la primera para disfrutar del comercio sin trabas; la segunda, para adquirir en el desorden las colonias, que no se hallan dispuestas a dejarse transferir con la corona de España […]. Los agentes de ambas llevan ya años recorriendo el país bajo varios disfraces […]. Pero los Estados Unidos inspiran odio y temor a sus vecinos. Francia es enemiga desde la usurpación de España, y se halla además excluida del comercio americano. Inglaterra tiene la ventaja de la popularidad que le ha ganado en América su generoso auxilio a España; y de los grandes provechos comerciales que, ya observados al aumentar el comercio de contrabando, serían incalculables de llegarse a la plena libertad comercial. No cabe duda de que mediante un uso hábil del vínculo de fidelidad a Fernando VII, Inglaterra puede impedir la separación total y súbita [de las colonias] de la vieja España, puede obligar a ésta a modificar su sistema colonial y puede salvar a las colonias de la influencia de Francia”.

Los patriotas fueron el instrumento ciego (en unos casos) o consciente (en otros), de los intereses británicos. No sorprende que una vez conquistada la independencia, Inglaterra reclamara los frutos de su política, convirtiéndose en la aliada “natural” de las nacientes repúblicas y ejerciendo un tipo de dominación que seguiría otros caminos: el de los bancos y los empréstitos, las manufacturas y los ferrocarriles, los enclaves para el saqueo de los recursos y el comercio desigual.

La independencia política no tenía bases económicas. La República no solucionó las contradicciones revolucionarias del régimen colonial. Suena muy actual la siguiente descripción de la estructura económica del siglo XVIII:

“La persistencia de una estructura económica que se distinguía por la exportación de un solo tipo de productos, los metales preciosos, y la importación de una compleja gama de mercancías de la Metrópoli, creó en el gremio de los comerciantes granadinos una mentalidad típicamente colonial, que les tornó alérgicos a todo esfuerzo encaminado a ampliar los renglones tradicionales de exportación del Reyno […]. Importar era lo único que les interesaba […], un tipo de comercio colonial que implicaba el canje regular de manufacturas por metales preciosos y frutos tropicales”.

Las potencias aprovecharon esta debilidad y continuaron este desarrollo desarticulado y vuelto hacia afuera . Al producir lo que no se consume (exportación) y  consumir lo que no se produce (importación), se fortaleció la dependencia económica y se hizo inevitable la subyugación política. A diferencia del capitalismo europeo, basado en procesos propios de acumulación, este “capitalismo burocrático” surgió al influjo de los capitalistas extranjeros y se desarrolló en estrecha concordancia con ellos. Floreció entonces un capitalismo monopolista de Estado, comprador y feudal, estrechamente vinculado al imperialismo y a la clase terrateniente, que ha oprimido no solo a los obreros y campesinos, sino también a la pequeña y mediana burguesía. También ha madurado las condiciones para una transformación profunda y radical en nuestros países.

En lo político las nacientes “democracias” significaron la alianza entre el gamonalismo, la gran burguesía y el imperialismo, primero inglés y luego norteamericano, para la salvaguarda de sus intereses mediante el ejercicio sistemático de la violencia. No es casualidad que una misma trasnacional imperialista, la United Fruit Company (hoy llamada Chiquita Brands), hubiera sido el artífice de dos masacres históricas en tiempos muy distintos: la de las bananeras del Magdalena en 1928 y la del Urabá antioqueño durante la última década. Tampoco es casualidad que el ejecutor directo de los crímenes hubiera sido la República y su columna vertebral, el ejército, ayer bajo el presidente Abadía Méndez y el general Cortés, hoy en cabeza de Uribe Vélez y el general Rito Alejo del Río, quienes cometieron los crímenes más abyectos sirviendo a los intereses extranjeros.

La clase obrera, nacida al influjo de estas relaciones, no ha tolerado impávida su situación. Tiene de hecho, una larga tradición de lucha contra el capitalismo-imperialismo. Ha sido precisamente en aquellos sectores de la producción claves para el capital, donde la clase obrera ha dado las mayores demostraciones de combatividad y heroísmo: en las ya citadas huelgas de los trabajadores bananeros, en las luchas de los braseros y estibadores del río Magdalena, en las combativas jornadas de los trabajadores petroleros (que incluso ensayaron la construcción de una “Comuna” en Barrancabermeja en 1948), en el paro de 10.000 corteros de Caña en el Valle durante el 2008, que le mostró al país las horrorosas condiciones de explotación en los ingenios, condiciones que apenas se diferencian de la franca esclavitud. En uno u otro caso, la clase obrera ha demostrado porqué está llamada a dirigir el proceso de reconstrucción de la nación sobre nuevas bases.

Hoy, la República se ha convertido más que nunca en una “coffe republic”, un Estado títere al servicio de los amos del norte, una despensa de carbón y petróleo, café y azúcar, flores y banano, al servicio de la globalización imperialista. Una reserva de mano de obra barata para el capital trasnacional, un aliado militar “confiable” y “democrático” en la mejor esquina de América.

¿Tiene sentido hablar de “Independencia”?

Para nosotros no hay nada que festejar. El primer acto de traición empieza el mismo 20 de julio de 1810 pues la “Junta Revolucionaria” le entrega la presidencia al virrey español, cuando debió haberlo llevado al cadalso. La entrega de las bases militares es, con la firma de los tratados de libre comercio, el último acto de una política de subyugación nacional que han aplicado rigurosamente las clases dominantes en los últimos dos siglos.

¿Suena lógico celebrar la dominación? No, la encabeza precisamente una de las Repúblicas más criminales del continente. Dos siglos de omnipotencia de los terratenientes, desde los hijos de los encomenderos coloniales hasta los paramilitares modernos. Dos siglos de opresión y exclusión de los negros, los indios, los campesinos y los obreros, que hoy configuran el conglomerado de miseria más pavoroso en campos y ciudades. Dos siglos de atraso y dominación al servicio de los opresores globales.

¡No hay nada que festejar!

¡La emancipación está por hacerse!